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comicios empresariales

Tusquets y otros 21 empresarios tratan de paralizar la constitución del nuevo pleno de la Cambra

Acuden a la vía contencioso administativa y presentan un recurso de alzada ante la Conselleria de Empresa

Los recurrentes piden medidas cautelares de suspensión de la toma de posesión del nuevo equipo cameral el lunes

Agustí Sala

Tusquets y otros 21 empresarios tratan de paralizar la constitución del nuevo pleno de la Cambra

Un grupo de 22 empresarios encabezados por el financiero Carles Tusquets y el abogado Ramon Masià, que lideraron sendas candidaturas a la presidencia a las últimas elecciones a la Cambra de Comerç de Barcelona, tratan de paralizar la constitución del nuevo pleno de la institución el lunes próximo. En ese acto se visualizará la mayoría absoluta de la candidatura independentista ‘Eines de País’ y  la designación del cofundador del Cercle Català de Negocis y de Petrolis Independents, Joan Canadell como nuevo presidente en sustitución de Miquel Valls.

Para ello, los empresarios han planteado un recurso de alzada ante la Conselleria de Empresa, que incluye la petición de medidas cautelares y de nuevas elecciones. La decisión está en manos de la ‘consellera’ Àngels Chacón, aunque fuentes del departamento aseguraron que ayer aún no les constaba haber recibido ninguna notificación. También afirmaron que disponen de un mes para responder. 

El grupo de empresarios y autónomos también ha decidido recurrir a la vía del contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) para invalidar los comicios. El bufete Maresca, que lleva el caso, asegura que el sistema de voto electrónico remoto empleado extiende «un velo de inseguridad, un velo de nulidad» sobre el 84% de los sufragios, que fueron por mediante voto electrónico remoto.

Se trata de un proceso contencioso administativo especial «de protección de derechos fundamentales», según la abogada Mercedes Cuyás, del Bufete Maresca. Es «preferente y sumario» para que se decida de forma rápida si se ha habido violación de derechos fundamentales, aunque Cuyás reconoció que el TSJC aún no lo ha admitido a trámite.
La medida va contra los acuerdos de la junta electoral central, presidida por la secretaria general de Empresa, Marta Felip, que designó los candidatos tras el recuento de votos.

8 vocalías en juego

Según Cuyás, el proceso de  elecciones ha estado lleno de  «irregularidades» e «ilegalidades», incluido el escrutinio. Las anulaciones de votos realizadas, que afectaron a 668 finalmente, podrían tener un «impacto muy significativo ya que influyen en el resultado final de al menos 8 vocalías de las 40 del proceso», según el bufete. A ‘Eines de País se le adjudicaron 31 vocalías, lo que supone mayoría absoluta ya que además de los 40 escaños sujetos a sufragio universal hay otros 14 reservados a 14 empresas que aportan 75.000 euros al año y seis que corresponden a las patronales Piumec (4) y Foment (2), que totaliza un pleno de 60.

También entienden que se vulnera el derecho a la igualdad, por ejemplo, en el caso de votantes paquistanís y chinos, que se vieron discriminados porque la norma obliga a contar con IAE, no a tener una nacionalidad o dominar el idioma. Al realizarse todos los trámites solo en catalán y castellano les fue difícil comprender el proceso electoral, lo que les llevó incluso a realizar votos nulos.

En el recurso ante la Conselleria se pone de manifiesto el incumplimiento de la legislación básica del Estado, que permite la votación por correo, que no estaba prevista en estos comicios. Tampoco se cumplió la normativa de la propia Generalitat en materia de «autenticación robusta» del voto electrónico remoto, que supuso más del 80% de los sufragios totales. En los comicios de la Cambra se registraron 16.225 votos remotos, un 81,48 % de la totalidad de los sufragios emitidos (19.900).

Este grupo de empresarios ya presentó un requerimiento ante el Consell General de Cambres para exigir explicaciones a la empresa Sctyl, adjudicataria de la plataforma de votación electrónica, así como a la auditora Agtic Consulting.

Votos cuestionados

A juicio de los juristas a los que han recurrido los demandantes, la comprobación de los votos que no se validaron inicialmente se hizo de forma «jurídicamente arbitraria». Los votos puestos en duda se emitieron desde 52 direcciones IP distintas. Tras la revisión por la auditora Agtic se determinó que los votos emitidos desde 27 de esas direcciones eran correctos y los emitidos desde las otras 25 eran consdierados nulos. Se aceptaron 287 y se rechazaron 668. Según el bufete Maresca, no solo se produjo infracción seguridad de la votación sino de protección de datos. Aunque se dijo lo contrario, se podía deducir el sentido de los sufragios de aquellos votantes a los que se les consultó por teléfono o correo electrónico.