La Autoridad Fiscal propone que Correos no reparta cartas cada día

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha planteado un recorte sustancial de la actividad que realiza Correos. La compañía pública, ha propuesto, debería reducir el número de días en los que entrega la correspondencia -tal y como ha hecho Italia, pone como ejemplo- ya que "no parece que sea una demanda ciudadana" el que lo haga todos los días. El organismo también afirma que la empresa no debería tener fijado un número mínimo de oficinas o puntos de recogida (lo que abre la puerta a cierres) y sostiene que tendría que fomentar la "externalización de la red como ocurre en países como Francia o Reino Unido".

La institución presidida por José Luis Escrivá aprobó y entregó al Gobierno el pasado 28 de marzo un informe que tiene previsto hacer público en los próximos días sobre Correos como compañía adjudicataria del servicio postal universal, lo que implica la obligación de llevar las cartas a cualquier punto de España a un precio asequible. La empresa, esgrime, va a recibir 1.450 millones de euros de los presupuestos del Estado entre el 2011 y el 2020 por ello y el Ministerio de Fomento presentó a la Comisión Europea en abril del año pasado un plan pendiente desde el 2010 y elaborado junto con la compañía que elevaría la factura hasta los 2.220 millones entre el 2011 y el 2026. Correos, subraya la Airef, está en pérdidas desde el 2012 y tiene un déficit "estructural" en sus cuentas de 220 millones si no se tiene en cuenta esa compensación.

La autoridad fiscal es muy crítica con esta situación. De los 32 países que ha analizado, solo 12 abonan el servicio universal con las cuentas públicas y, de estos, España es el cuarto que más paga, solo por detrás de Italia, Francia y Bélgica. Ello se debe, argumenta, al sistema de cálculo que emplea Correos, sin actualizar desde el año 2000, que provoca que a solo el 7% de sus centros se les adjudique resultados positivos. "Llama especialmente la atención que esto se produce no solo en las áreas rurales, sino que en las grandes ciudades (más de 50.000 habitantes) el 85% de los centros de coste registran pérdidas", critica.

Indefinición estratégica

La Airef defiende que el plan presentado a Bruselas empeorará la situación de aprobarse, porque "no presenta incentivos a la eficiencia y es mucho más rígido que el anterior". Por ello, propone que los Ministerios de Fomento y Hacienda elaboren un nuevo sistema de cálculo sin la participación de Correos y "flexibilicen" las obligaciones del servicio público para reducir su coste y adaptarse a una demanda decreciente. En esta línea, insta a eliminar algunos productos incluidos en el servicio universal y fijar precios diferenciados en función de la urgencia de la carta, así como vincular la aportación presupuestaria solo a zonas rurales o áreas donde los volúmenes de envios sean muy bajos.

La institución también considera que Correos padece una "indefinición estratégica" en ingresos y costes que si no corrige le hará incurrir en "pérdidas crecientes" y un "mayor coste público" en los próximos años. Así, destaca que el precio de una carta ordinaria ha subido el 43% entre el 2014 y el 2018 para los pequeños clientes, pero solo el 22% para los grandes debido a una política comercial de descuentos excesivos destinada a no perder cuota de mercado en ese segmento. Al mismo tiempo, subraya, solo ha reducido su plantilla el 9% entre el 2012 y el 2017 pese a la caída del 31% de los envíos, mientras que sus homólogos internacionales han recortado el 11% con una caída del volumen del 18%.

Para reconducirlo, la autoridad fiscal propone un "plan de eficiencia" de costes y "continuar con los esfuerzos de automatización, simplificación de la estructura organizativa, estudio de actividades externalizables, y reducción del tiempo dedicado a las actividades de menor valor añadido". Es decir, apunta hacia una reducción de plantilla sin citarla expresamente. También apuesta por introducir una escala en los descuentos a grandes clientes y buscar nuevas vías de ingresos, aprovechando por ejemplo las oficinas para prestar servicios no postales.

Choque

En un documento interno que ha revelado la 'Ser', la secretaria general técnica de Fomento sostiene que las recomendaciones de la Airef sobre la prestación del servicio universal que podían atenderse "sin contravenir la normativa comunitaria" ya han sido incorporadas en el plan enviado a Bruselas, mientras que las "restantes no tienen acomodo posible con la legislación actual, tanto europea como española". La normativa comunitaria, argumenta, un mínimo de 5 días laborables para el reparto de correo.

Así, afirma que "no sería pertinente una mayor reducción de las condiciones de prestación del SPU, si bien podría revisarse la metodología del cáculo del coste neto y la financiación del mismo". Fuentes del departamento han apuntado que para hacer varias de las cosas que pide la institución haría falta emprender reformas legales, al tiempo que han sostenido que el Gobierno está en funciones y por tanto no puede tomar ninguna decisión al respecto, informa Manel Vilaseró.

Beneficios posibles

El informe de la Airef choca con la posición de Correos. Juan Manuel Serrano, su presidente y antiguo jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, defendió el pasado enero que la compañía "tiene capacidad para estar en números negros" tras perder 150 millones en el 2018. Recordó, así, que la empresa tuvo que devolver 134 millones al Ministerio de Fomento en el 2018 por orden de la Comisión Europea en concepto de sobrepago por la prestación del servicio postal universal entre el 2004 y el 2010, así como que en el proyecto de presupuestos del Estado para el 2019 los números rojos se reducían a 7,4 millones. En contra de lo que defiende la autoridad fiscal, el directivo sostuvo que Correos debería recibir de las cuentas públicas 180 millones de euros al año y aplaudió que el Gobierno hubiese elevado la partida prevista en el 2019 de los 120 a los 150 millones

La Airef ha realizado este informe como parte del proceso de revisión del gasto público al que se comprometió España con la Comisión Europea en diciembre del 2016. El objetivo de este proceso, conocido como 'spending review', es detectar "posibles ineficiencias y solapamientos" en el gasto de todas las administraciones. La autoridad fiscal tiene previsto difundir a lo largo de junio los resultados de la primera fase de esta revisión, que es la primera vez que se realiza en España. En concreto, se han analizado siete campos concretos que suponen más de 30.000 millones de euros de gasto público anual.