El Gobierno gana tiempo para compensar a Abertis por la AP-7

Sensación agridulce en Abertis. El Gobierno ha ganado tiempo y no tendrá que compensar a la compañía por los 2.061 millones que reclama por la AP-7 al menos hasta que venza la concesión en agosto del 2021. El Tribunal Supremo ha decidido no entrar en el fondo de la cuestión hasta que acabe el contrato de explotación.

En cambio, el alto tribunal ha rechazado otra compensación de 785 millones de euros que exigía la empresa al Ministerio de Fomento por la pérdida de tráfico que considera que sufrió en el tramo de la misma autopista, la AP-7, entre Tarragona y Alicante y en la AP-4 Sevilla-Cádiz por las vías libres de peaje construidas en sus alrededores.

Respecto a las autopistas sobre las que rechaza compensar al grupo, se trata de las dos vías que a finales de este año concluye su contrato de explotación con la compañía y, por lo tanto, levantarán sus barreras de peaje y volverán al Estado.

En el fallo, con fecha de 22 de mayo y que adelantó el diario 'Cinco Días', el Supremo concluye que el concesionario de una autopista "no tiene derecho a una determinada configuración de las obras públicas en el área donde se ubica la vía".

"En más de 40 años en los que la concesionaria lleva explotando las autopistas no puede pensar ni pretender que las infraestructuras viarias en el entorno de los 500 kilómetros de longitud que suman continúen sin desdoblarse, sin cinturones viarios que rodeen las ciudades y otras medidas de mejora", argumenta en su sentencia el Supremo.

El Alto Tribunal apunta además que de las 36 infraestructuras alternativas que, según Abertis, se han construido en los alrededores de sus vías, "22 no se han puesto en servicio o están en proyecto y otras siete son obras de competencia regional".

Este fallo en contra de la reclamación de Abertis por estas dos autopistas se conoce al tiempo que el emitido sobre los 2.061 millones que el grupo también reclama por otro trazados de la AP-7, los tramos de la vía en Catalunya que gestiona a través de la filial Acesa. Se trata de los tramos Barcelona-La Jonquera, Barcelona-Tarragona, Montmeló-El Papiol y Zaragoza-Mediterráneo.

En este caso, el Supremo fallará cuando concluya la concesión de las vías, en agosto de 2021, sobre las que el grupo reclama se le reconozca el menor tráfico sobre el contabilizado tal como se estipuló en un acuerdo que firmó en 2006 con el Gobierno para realizar obras de mejora y rebajar los peajes de la autopista.