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PROCEDIMIENTO DE DÉFICIT EXCESIVO

¿Qué implica salir del 'brazo correctivo' de Bruselas?

España quedará sujeta a mayores exigencias de reducción del déficit pero la vigilancia de la CE será más flexible

Bruselas impone medidas efectivas de ajuste a España por más de 8.000 millones al año.

Rosa María Sánchez

La ministra de Economía, Nadia Calviño, con varios de sus homólogos en el Eurogrupo y el comisario de Economía, Pierre Moscovici (a la izquierda).

La ministra de Economía, Nadia Calviño, con varios de sus homólogos en el Eurogrupo y el comisario de Economía, Pierre Moscovici (a la izquierda). / Emmanuel DUNAND AFP

Diez años después de quedar bajo la tutela de los 'hombres de negro' de la Comisión Europea, Bruselas (CE) ha sacado este miércoles formalmente a la economía española del llamado 'brazo corrector' del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE). España ha sido el último país en salir de tan estricto control de las cuentas nacionales (el año pasado salió Francia) y a partir de ahora vuelve de nuevo al llamado 'brazo preventivo' del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC).

La noticia es recibida con satisfacción entre las autoridades españolas y los agentes económicos, pero no significa en ningún modo que a partir de ahora volverán mayores alegrías a las finanzas públicas. Más bien, al contrario. El reto a partir de ahora es mayor. La necesidad de ajuste es más elevada. Pero la vigilancia de Bruselas es más flexible, gracias a los llamados "márgenes de tolerancia" del procedimiento. Desaparece la losa de los controles periódicos de los 'hombres de negro'. Y sobre todo, es que España se incorpora a lo que para la CE es la "primera división" y deja de estar en el pelotón de los torpes.

Los dos brazos

Desde el punto de vista de los objetivos, la principal diferencia entre el 'brazo correctivo' y el 'preventivo' del PEC es que la meta ya no es situar el déficit público por debajo del 3% del producto interior bruto (PIB). Eso ya se consiguió en el 2018 (2,5%) y a partir de ahora, la primera condición es que no vuelva a rebasar esa meta del 3%

El cambio reside en que a partir de ahora la Comisión Europea deja de fijarse en el déficit nominal (ese 2,5% del 2018, por ejemplo) y pasa a hacerlo sobre el déficit estructural, con unas condiciciones mucho más exigentes.

Déficit estructural

El déficit estructural es la diferencia entre ingresos y gastos sin tener en cuenta el ciclo económico. Es decir, sin tener en cuenta por ejemplo, los mayores ingresos en impuestos que vienen derivados de un mayor crecimiento económico o los ahorros que este puede producir en prestaciones por desempleo.

En el 2018, el déficit nominal pasó del 3,1% del PIB en el 2017 al 2,5%. Bajó seis décimas (7.531 millones menos), pero no fue por la adopción de medidas para subir impuestos o bajar gastos (al contrario), sino porque el crecimiento de la economía (del 2,6%) y del empleo (del 2,9%) permitirieron una mayor permitió una mayor recaudación tributaria y un ahorro en prestaciones por desempleo. También ayudaron los bajos tipos de interés.

Nada de esto contará a partir de ahora para la Comisión Europea. La CE impone que el déficit estructural baje el 0,65% del PIB este año y otro tanto, el próximo (aproximadamente 8.139 millones cada año). Pero Bruselas ya no se va conformar con los mayores ingresos o menores gastos derivados del ciclo económico. A partir de ahora solo dará por bueno el cumplimiento de ese objetivo si es a base de medidas para subir impuestos o para reducir el gasto. Pero como esto dificilmente se va a cumplir en el 2019 -según ha advertido la propia Comisión Europea-- es muy probable que España ya tenga que estrenar este año los "márgenes de tolerancia"`previstos en el procedimiento.

El objetivo útimo es que cuando la economía crezca según su velocidad de crucero (el Gobierno cifra en el 1,8% el crecimiento potencial) haya equilibrio presupuestario (en el 2022, según Economía) y que solo pueda haber déficit si la tasa del PIB es menor.

De momento, el Gobierno ha planteado escasas medidas para subir los ingresos en el 2019 (solo en los relativo a las cotizaciones sociales) y una subida de impuestos para el 2020 por 5.654 millones, en un cálculo que la Comisión Europea considera inflado. 

Cuatro condiciones duras

Junto a la necesidad de no rebasar el déficit nominal del 3% del PIB y de reducir el déficit estructural, entrar en el 'brazo preventivo' conlleva otras dos condiciones que, si no se cumplen, abren la puerta a una sanción de hasta el 0,2% del PIB (2.510 millones), como prueba la situación en la que se encuentra Italia en este momento.

Como tercera condición, hay que cumplir unos determinados objetivos de reducción progresiva de la deuda pública (0,60 puntos de PIB menos en el 2020) hasta el objetivo del 60% de PIB.

La cuarta condición tiene que ver con la regla de gasto. El objetivo es que el gasto primario (sin incluir los tipos de interés pero sí las pensiones, a partir de ahora) no suba más del 0,9% en el 2020.

De momento, la Comisión Europea ha advertido este mismo miércoles de la existencia de "riesgo de desviación signficativa" en el déficit tanto del 2019 como del 2020 y del previsible incumplimiento de los objetivos de deuda. Son malos augurios, pues este es el lenguaje que utiliza Bruselas en la antesala de un expediente sancionador.

"El reto es más duro para España, pero el nuevo régimen de vigilancia es más flexible en la medida en que el país pueda demostrar que va el dirección correcta", resume Josep Oliver, catedrático de Economía Aplicada de la UAB. Con todo, Oliver se muestra optimista y considera que la salida del 'brazo correctivo' del PDE solo puede ser interpretada como "una buena noticia".