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PRIMER INFORME DE CALIDAD DEL GASTO

La Airef pide sancionar a quien abuse de las subvenciones

La Autoridad Fiscal detecta ineficiencias en la bolsa de 14.000 millones en subvenciones que conceden las administraciones

El organismo reclama indicadores para poder determinar si el gasto se ajusta a los objetivos fijados

Rosa María Sánchez

El presidente de la Airef, José Luis Escrivá, en una imagen de archivo.

El presidente de la Airef, José Luis Escrivá, en una imagen de archivo. / AGUSTÍN CATALÁN

El disfrute indebido de una subvención pública, como pudiera ser por ejemplo una ayuda para compra de vivienda, debería llevar aparejado un régimen sancionador, que además de la devolución de la ayuda conlleve algún tipo de recargo de intereses de demora o de multa. Esta es una de las propuestas que se desprenden del primer informe sobre la calidad del gasto ('spending review') en subvenciones del conjunto de las administraciones públicas en España que ha publicado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) este lunes.

El informe ha rastreado diferentes políticas de subvenciones, por un importe total de unos 14.000 millones de euros, del Estado, las autonomías y las corporaciones locales. En este primer informe, la Airef se ha centrado en los procedimientos generales que rigen el diseño de los diferentes programas de ayudas, su adjudicación y su eficacia respecto de unos objetivos iniciales, casi nunca especificados. Y la conclusión general es que las subvenciones no siempre se ajustan a un determinado objetivo estratégico; su concesión es farragosa;  no existen unos indicadores objetivos que permitan controlar el cumplimiento de unos objetivos previos de política económica y social y tampoco se ha desarrollado un régimen sancionador frente a los posibles fraudes.

En realidad, la ley general de subvenciones sí establece la posibilidad de establecer multas, de hasta el triple de la cantidad defraudada, además de imponer el reintegro de la ayuda. En la práctica, sin embargo, la Airef ha detectado "una dejación generalizada del ejercicio de la potestad sancionadora" que con alta frecuencia se enfrenta a "la caducidad" de los procedimientos.

Calidad del gasto

Desde el punto de vista de este informe, está fuera de duda el control de legalidad sobre el gasto público que ya ejercen el Tribunal de Cuentas y los interventores. El objetivo de la Airef es otro y se centra en “evaluar la calidad” del gasto público, según ha aclarado el presidente de la Airef, José Luis Escrivá, durante la presentación del primer estudio del ‘spending review’ (evaluación del gasto) que el Gobierno ha encargado a la Autoridad Fiscal para los tres próximos años por exigencia de la Comisión Europea.

No existe una conclusión general sobre en qué medida una mejora de los procedimientos podría traducirse en un ahorro de gasto. “No es un ejercicio para ahorrar, sino para mejorar la forma en que se implementan las políticas públicas”, ha precisado Escrivá.

Ahora bien, de acuerdo a la ley general de subvenciones, si se determina que una línea de ayudas no cumple sus objetivos iniciales debe ser eliminada. Pero esto no se puede cumplir cuando no existe un mecanismo de “trazabilidad” del dinero (‘money map’) que permita llegar a conclusiones en este sentido, y esta es la principal crítica que la Airef ha trasladado a las administraciones públicas para su mejora.

Próximos estudios

En los próximos días y semanas, la Airef presentará informes detallados sobre subvenciones relativos al gasto en medicamentos dispensados a través de receta médica (unos 11.000 millones), políticas activas de empleo (unos 6.000), becas de educación universitaria, ayudas en I+D+i, subvenciones para la competitividad empresarial o las transferencias para Correos y Telégrafos.

A lo largo del 2019 se pretende revisar la calidad y eficacia del bloque de los beneficios fiscales (unos 60.000 millones), el gasto hospitalario del Sistema Nacional de Salud, los incentivos a la contratación y las infraestructuras de transporte.

Abuso en las ayudas directas

La primera dificultad con que se ha encontrado la Airef a la hora de poner en marcha su evaluación sobre la calidad del gasto en subvenciones (‘spendig review’) fue la de delimitar el objeto del análisis.  Finalmente, quedó ceñido a los alrededor de 14.000 millones registrados en la Base Nacional de Subvenciones. Aquí se incluyen ayudas directas a familias y empresas para diferentes fines (desde compra de vivienda a inversión en I+D+i o formación de trabajadores, por ejemplo), concesión de créditos blandos, prestación de garantías, transferencias sociales y otras.

La falta de transparencia es la crítica que más se repite el informe. Falta de transparencia en el diseño de los objetivos a los que deben servir las subvenciones. Falta de transparencia sobre la eficacia en el cumplimiento de esos objetivos y falta de transparencia, también, en algunas adjudicaciones.

En particular, una de las cuestiones que ha detectado la Airef es la existencia de «cierto abuso» en la concesión directa y nominativa de subvenciones, las que se otorgan sin necesidad de concurso público. En este punto se ha detectado también «falta de transparencia» e «insuficiente regulación de las obligaciones que asumen los beneficiarios» de este tipo de ayudas. La cuestión es relevante si se tiene en cuenta que un tercio del total de subvenciones registradas son de concesión directa (sin pasar por concurso público) o nominativa.