La subida salarial de los funcionarios, pendiente del 'ok' de Hacienda

Los empleados públicos deberán esperar un poco más a que Hacienda cuadre sus números para que el Gobierno les abone las subidas salariales pendientes. Algo que, de momento, no tiene fecha. Así lo han reconocido fuentes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública como respuesta a las presiones sindicales, que demandan que se cumplan los acuerdos cerrados el pasado marzo. Lo que se traduce en una 'paguilla' de 280 euros para alrededor de 40.000 trabajadores del personal laboral, según cálculos facilitados por UGT, y la garantía de que todas las nóminas de los empleados de la Administración General del Estado (AGE) subirán el 0,25% a partir del 1 de julio.

La entonces ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, firmó el pasado cuatro de abril con los representantes sindicales (CCOO, UGT, CSIF y CIG) el IV convenio único para el personal laboral de la Administración del Estado, que fijó mejoras retributivas del 5,5% de media para este año en todas las tablas salariales. Ello se traduce en un aumento de 20 euros mensuales de media o 280 euros anuales, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2018. El coste de dicha subida fue tasado en su momento por el ministerio en 25 millones de euros.

Otro de los incrementos salariales que tiene pendiente abordar el Gobierno actualmente en funciones es la subida de la variable del 0,25% a todos los empleados públicos. Esta fue una de las condiciones del acuerdo cerrado el año pasado y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 27 de diciembre del 2018. Este prometía subir los sueldos el 0,25% si el PIB cerraba el 2018 como mínimo al 2,5%; cifra que finalmente se alcanzó.

El próximo 5 de junio está prevista la próxima reunión entre sindicatos y Gobierno, en la que las centrales exigirán al Ejecutivo que se abone las cuantías pendientes.