La CNMC multa a 34 editoriales de libros de texto y a la asociación Anele

Nuevo varapalo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esta vez ha ido a parar a ni más ni menos que 34 editoriales de libros de texto y a la Asociación Nacional de Editores de Libros y material de Enseñanza (ANELE) por firmar un código de buenas prácticas, que coordinaba políticas y condiciones comerciales que restringían la competencia, según Competencia. Además, ha puesto fin al pacto de determinadas editoriales para fijar el precio y condiciones comerciales del libro de texto digital alcanzado entre Anele y diez editoriales. El total de la multa asciende a 33,88 millones de euros y entre las empresas hay grandes grupos como Santillana, SM, Edelvives, Anaya o Bromeva. Tanto Anele como Santillana ya han anunciado que recurrirán la sanción. 

Segùn explica la CNMC en un comunicado, la comercialización de libros de texto tienen unas "características peculiares". Por ejemplo, las familias de los alumnos, que son las compradoras de los libros, no seleccionan el producto en función del precio, sino que están obligados a adquirir los libros que se prescriban en el centro educativo donde asisten sus hijos. Además, hay etapas educativas de precio fijo (educación infantil, bachillerato y FP) y otras (educación primaria y ESO) con precio libre. 

A esto hay que añadir una regulación sobre los contenidos de los libros de texto no universitarios muy clara y determinante, y que los centros educativos tienen la "obligación legal" de mantener los mismos libros de texto por periodos de al menos cuatro años, salvo justificación expresa. 

Denuncia de Vicens Vives

Según la CNMC, la investigación nace en una denuncia de la editorial Vicens Vives que ha derivado en una multa por dos infracciones muy graves. La primera consiste en una serie de "acuerdos y prácticas concertadas" para el desarrollo y aplicación de un Código de Conducta para las empresas del sector editorial, desde abril de 2012. La entidad que dirige José María Marín Quemada explica que "en la elaboración e implementación de este código" las editoriales sancionadas y la asociación elaboraron una estrategia dirigida a restringir la competencia. 

Además, la CNMC apunta que se creó una especie de Comisión de Supervisión con el pretexto de velar por las buenas prácticas pero que sería en realidad para velar por que ninguna editorial se desviase del acuerdo alcanzado por todas. "Ha quedado acreditada la existencia de métodos de castigo a las editoriales", explica la CNMC en el comunicado, en el que añade que Anele "envió cartas a competidores y a los centros educativos, incluyendo amenazas de denuncias", así como medidas de presión contra Edelvives hasta que se unió a los acuerdos.

En esta infracción estarían implicadas un total de 33 empresas; tres del grupo Edelvives, seis de la editorial Anaya, seis del grupo SM, siete del grupo Santillana y dos empresas del grupo Bromera, además de Ediciones Bilingües, Edebé, Editex, Ediciones Laberinto, MacMillan, Mc GrawHill, Oxford University Press, Pearson Educación y la editorial Teide. La suma de la multa de todas asciende a 32,2 millones más 180.000 euros para la asociación Anele.

Libro electrónico

Por otra parte, el organismo de competencia nacional ha puesto otra sación por "acuerdos y prácticas concertadas de precios" en el libro de texto electrónico. El libro digital es el mismo producto que cada editorial desarrolla en papel para las asignaturas que trabaja, pero con posibilidades interactivas adicionales, y en los últimos años tiene mucha presencia en las aulas. 

En este caso, el total de las multas asciende a 1,42 millones de euros, de los que 130.000 corresponden a la asociación Anele, y el resto se distribuyen entre 10 empresas (SM, Anaya, Santillana, Edebé, MacMillan, Mc Graw Hill, Oxford University Press, Pearson Educación, la editorial Teide y Edición del Serbal).

La asociación Anele ha emitido un comunicado en el que habla de "estupefacción" ante la decisión de la CNMC y niega la mayor: "Ni la asociación, ni ninguna de las empresas asociadas han incurrido en prácticas contrarias a la competencia". La asociación acusa a la CNMC de sancionar a las empresas por crear un Código Ético "para  por cumplir la legalidad y evitar prácticas poco éticas en centros de enseñanza” y advierte que recurrirá la sanción. En la misma línea, Santillana ha emitido un comunicado en el que advierte su "total desacuerdo" con las dos prácticas restrictivas a la competencia de las que le acusa la CNMC. "Dicha resolución contiene profundas inconsistencias", dice la empresa.