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ANÁLISIS DE LA CRISIS INDEPENDENTISTA

El Col·legi d'Economistes afirma que el efecto económico del 1-O fue "insignificante"

Un informe de los economistas catalanes considera que el traslado de sedes y de depósitos apenas ha influido en la economía catalana

La aplicación del artículo 155 tuvo unos costes directos de 130 millones, más 1.800 millones por retrasos y bloqueos presupuestarios de la Generalitat

Eduardo López Alonso

Albert Carreras y Modest Guinjoan, portavoces del grupo de coyuntura de la comisión de Economía Catalana del Col·legi d’Economistes de Catalunya, durante la presentación a la prensa del estudio sobre los efectos económicos del 1-O. 

Albert Carreras y Modest Guinjoan, portavoces del grupo de coyuntura de la comisión de Economía Catalana del Col·legi d’Economistes de Catalunya, durante la presentación a la prensa del estudio sobre los efectos económicos del 1-O. 

El Col·legi d'Economistes de Catalunya considera que los efectos económicos de la crisis independentista desatada por el referendo del 1 de octubre del 2017 han sido "insignificantes" y que la aplicación del artículo 155 de la Constitución que supuso la intervención del gobierno autonómico tuvo un coste directo de 130 millones, más otros indirectos de 1.800 por retrasos y bloqueos presupuestarios. En conclusión, que en el conflicto institucional entre el Govern y el Estado fue peor el remedio que la enfermedad.

A esa conclusión han llegado en la comisión de economía del Col·legi d'Economistes después de tres sesiones de trabajo con 10 expertos, entre los que destacan Guillem López-Casasnovas, Robert Casajoana, Pau Villòria, Albert Sagués y Joan Romero. Soslayando la idoneidad o no del referendo que pretendía alterar el orden constitucional, los economistas que participaron en los debates han coincidido en destacar que la vitalidad de la economía catalana ha superado la crisis política con nota y casi sin alterarse. Ni la fuga de capitales, ni el traslado súbito de sedes de empresas y apenas la crisis turística han mermado la fuerza de la economía catalana, según los economistas. 

Un estudio de López-Casasnovas estimó que la retirada de depósitos bancarios alcanzó en torno a los 30 millones de euros, según datos del Banco de España, pero que un año después esa cifra se había reducido hasta los 17.000 millones. Según Modest Guinjoan, presidente de la comisión de economía catalana del Col·legi, en la actualidad "la cuota de depósitos catalana se ha ido normalizando" aunque con síntomas de que puede haber más ahorro fuera del sistema bancario tradicional (banca en la sombra). Según Albert Carreras, catedrático de la UPF y coordinador del estudio, "el impacto en los mercados de capitales también fue pequeño, comparado con las turbulencias de crisis financieras anteriores". 

Guinjoan considera que las incertidumbres generadas por el 1-O fueron inferiores que la moción de censura contra Rajoy, por ejemplo, y que el elemento más perjudicial para la economía catalana fue el hecho de que "el Estado quiso demostrar quien mandaba y no de manera amigable", y que "hubo riesgos financieros y el Estado se hizo cómplice de esa situación". Eso fue especialmente perceptible en la fuga de depósitos, que en su opinión podría haber causado serias dificultades a algunas entidades financieras.

Sobre el traslado de sedes, que en la práctica ha hecho que todas las empresas del Ibex 35, excepto Grifols, sitúen su sede fuera de Catalunya, los economistas catalanes reconocen un cierto "riesgo potencial" para el futuro. "En la práctica, en la economía real, las decisiones se están tomando en los mismos lugares de siempre lo que ha causado sorpresa, no se ha producido ningún cambio", aseguró Carreras. Las últimas estadísticas apuntan a que el traslado de sedes ha afectado a unas 8.500 empresas catalanas desde finales del 2017, aunque es difícil desgranar cualitativamente el impacto económico o los motivos de ese traslado masivo de sedes, en su mayoría de sede fiscal con escasas repercusiones económicas. El traslado de sedes no ha tenido impacto fiscal en los ingresos autonómicos, porque el impuesto de sociedades no se territorializa y el IVA se distribuye en función de donde se hace la operación. A medio plazo, reconoció Carreras, pueden reducirse los ingresos por IRPF si los altos directivos trasladan su domicilio a Madrid.  

Con respecto a las inversiones extranjeras, el informe de los economistas catalanes considera que "la visibilidad estadística sí puede verse alterada" al reflejar inversiones por efecto sede pero que en la práctica puede que esas inversiones se hagan en otros territorios.

La referencia habitual de las conclusiones de los economistas catalanes a una economía real es una muestra más de las dificultades para cuantificar de manera fiable los efectos de una crisis institucional que nadie niega, pero que en su esfera práctica nadie es capaz de cuantificar con precisión. "El impacto de la crisis institucional en el sector turístico fue el más real y auténtico en octubre y el cuarto trimestre del 2017, pero se debió más a las cargas policiales que a las manifestaciones", opinó Guinjoan.   

Los economistas sí destacan en su informe los efectos perniciosos de la aplicación del artículo 155 en la economía, y llegan a cuantificar esos efectos negativos. Desde su punto de vista se produjeron 130 millones en costes directos y otros 1.800 derivados del retraso en transferencias. "En la práctica, el bloqueo presupuestario de la Generalitat llevó a la paralización del gasto público", afirma Carreras. Según el informe, "se redujo el gasto presupuestario y mejoraron las cuentas de la Generalitat en perjuicio de los intereses de muchos ciudadanos y empresas".