Los centros de empleo de discapacitados llevarán ante el TSJC la subida del salario mínimo

Una de las patronales de las entidades sin ánimo de lucro que gestionan los centros de inserción laboral de discapacitados llevará en las próximas semanas la subida del salario mínimo ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). AEES Dincat solicitará al alto tribunal catalán que aclare si es legal que sus empresas absorban los complementos hasta llegar a los 900 euros del salario mínimo interprofesional o, de otro modo, deben abonar un mínimo de 900 euros más la cuantía de los complementos. Así lo han confirmado a preguntas de EL PERIÓDICO tanto fuentes de AEES Dincat como de los sindicatos, que han cifrado entre uno y tres meses la tardanza del veredicto.

En Catalunya hay 205 Centres Especials de Treball (CET) donde están ocupadas 16.333 personas, según datos de la Generalitat. En estos espacios de inserción el salario más frecuente es el mínimo y la subida efectuada por el Gobierno el pasado enero ha abierto una crisis de viabilidad en estos. Las entidades del sector afirman no disponer de recursos suficientes para asumir íntegramente la subida y para ello algunas han decidido absorber diversos complementos dentro del salario base para paliar el sobrecoste.

Esta táctica fue considera por los sindicatos como ilegal y, por ello y entre otros, presentaron denuncia ante la Inspección de Trabajo. Según afirman fuentes sindicales, desde la dirección general de Inspección de Trabajo de Catalunya se han declarado incompetentes para juzgar sobre si dicho mecanismo es legal o no y, por ello, les han invitado a ir a los tribunales. Fuentes de Dincat afirman que su prioridad es dotarse de seguridad jurídica para preservar el máximo número de puestos de trabajo y no estar pendientes centro a centro del criterio de Inspección.

Es por ello que ambas partes han convenido ir por la vía 'express' de solicitar una mediación en el Tribunal Laboral de Catalunya, que está fechada para el próximo 27 de mayo. Si esta fracasa, como dan por seguro ambas partes, ello les derivaría directamente al TSJC. Deberá ser entonces el alto tribunal catalán el que determine si las entidades pueden absorber variables como la antigüedad, nocturnidad o la peligrosidad dentro de esos 900 euros o no. Tanto patronal como sindicatos coinciden en remarcar la importancia de la sentencia para dotar de seguridad jurídica al sector.

Inspección de Trabajo en curso

La presentación de conflicto colectivo ante el TSJC llega con un total de 10 actuaciones de Inspección de Trabajo abiertas sobre los CETs de Catalunya. Los sindicatos denunciaron que no se estaba aplicando la subida del SMI, que se estaban promoviendo acuerdos de empresa para aumentar el número de horas que los trabajadores debían realizar para compensar la subida y el tema de los complementos.

Si bien en un primer momento múltiples CETs decidieron no aplicar la subida del SMI –tras consultar primero con la Generalitat, según afirman desde Dincat-, actualmente la patronal afirma que en los 94 CETs que ellos representan la subida del SMI se está pagando en todos. Respecto al aumento de horas, Dincat defiende que ello fue una decisión individual de cada centro. Desde los sindicatos se alega que Inspección les ha trasladado que ello es ilegal y que si no se corrige cuando cierren el expediente, se sancionará. Y sobre la cuestión de los complementos, será el TSJC quién decida.