El juez envía a juicio a Rato por cobrar comisiones por la publicidad de Bankia

Nuevo peldaño en la larga caída de Rodrigo Rato. El Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha ordenado la apertura de juicio oral contra el expresidente de Caja Madrid y Bankia y otras once personas por los contratos de publicidad encargados por las dos entidades financieras a las firmas Publicis y Zenith en el 2011 y el 2012. El juez instructor estima que, tras llegar a esos cargos, el exvicepresidente del Gobierno maniobró para firmar de forma irregular a estas dos empresas a cambio de una comisión de 2,02 millones de euros. El fiscal pide para el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) cuatro años de cárcel y una multa de 2,5 millones. 

Los problemas legales se le amontonan. Rato está en prisión desde el pasado octubre, cumpliendo una condena de cuatro año y medio por las 'tarjetas black'. Además, la Audiencia Nacional le está juzgando estos días acusado de fraude a los inversores y falsedad contable por la salida a bolsa de Bankia en el 2011, un proceso en el que podría ser penado con hasta 12 años de cárcel. Paralelamente, la justicia investiga desde el 2015 el origen de su fortuna personal. De este proceso conocido como 'caso Rato' se deriva el juicio por los contratos de publicidad, pero también se sigue analizando si cometió fraude fiscal y blanqueo de capitales.

Hombres de confianza

El instructor ha mandado también al banquillo a José Manuel Fernández Norniella, hombre de la máxima confianza de Rato, que le nombró en su día secretario de Estado de Comercio y consejero ejecutivo de Bankia. La fiscalía pide tres años de prisión y 2,5 millones de sanción para él, que ya fue condenado a un año menos un día de cárcel por las 'black' y está siendo juzgado por la salida a bolsa del banco. Sin embargo, la mayor pena junto a la de Rato es la solicitada para Alberto Portuondo, su supuesto testaferro (cuatro años y 2,5 millones). 

Los otros acusados de corrupción entre particulares son varios directivos de las agencias de publicidad (Miguel Angel Furones, Francisco Xavier Olazábal, Sagrario Bua Rojas, Fabrizio Bini, Sergio Lorca, Fernando Rodríguez Varona y Cándida Rodríguez) y otras personas de la máxima confianza de Rato: María Teresa Arellano (su secretaria), Miguel Ángel Montero (administrador de sus empresas familiares) y Domingo Plazas. El Ministerio Público pide para todos ellos tres años de cárcel y 2,5 millones de euros de sanción. El juzgado también ha reclamado a todos los procesados una fianza de responsabilidad civil por importe de 4.522.154 euros. De no abonarla, se procederá al embargo de sus bienes.

Astillas

En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción aseguró en marzo que "conocedor de que los gastos en contratación de publicidad por parte de la entidad que presidía iban a ser elevados, Rodrigo Rato, con desprecio al principio de lealtad a que le obligaba su cargo, decidió sacar provecho económico personal. A tal fin, se sirvió de tres personas con quienes desde hacía años mantenía lazos personales y profesionales, a través de quienes canalizaba el cobro de comisiones, coloquialmente astillas, desde las empresas, que buscando ser contratadas por la entidad bancaria las abonaban, hasta la sociedad patrimonial de Rato, Kradonara 2001 SL, receptora de las mismas".

Según el fiscal, Portuondo pactó con Olazábal a mediados del 2010 que Publicis y Zenith accedieran en "condiciones ventajosas y preferentes a los concursos de publicidad que se iban a orquestar". Los directivos de estas empresas aceptaron, "sabedores de las ventajas que el pago de comisiones iba a generar".  Las comisiones (1.244.130,72 euros en el 2011 y 778.023,8 euros en el 2012) se ingresaron en la sociedad pantalla Albisa, que a su vez transfirió más de 800.000 euros a Kradonara. Los pagos cesaron cuando Rato salió de Bankia.