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sector primario

Un campo más competitivo

El Institut Agrícola Català de Sant Isidre, patronal del sector, defiende pasar de las ayudas directas europeas a los pagos ligados a la productividad

La organización denuncia que el modelo vigente hincha los márgenes de los intermediarios y hace dependiente al productor del presupuesto público

Agustí Sala

Agricultura local Campos de cultivos en el Parc Agrari del Baix Llobregat.

Agricultura local Campos de cultivos en el Parc Agrari del Baix Llobregat. / CARLOS MONTAÑÉS

La patronal catalana del campo, el Institut Agrícola Català de Sant Isidre, propone sustituir las ayudas europeas directas a los agricultores por pagos condicionados a la productividad. Aprovechando el debate sobre la política agraria común (PAC) en el marco de las discusiones para un Presupeusto para el periodo 2021-2027, esta organización, que ocupa una vicepresidente en la patronal Foment del Treball, aboga por "un cambio de paradigma" para evitar hinchar los márgenes de los intermediarios y el encarecimiento de los precios que pagan los consumidores , así como evitar que la renta de los productores dependa cada vez más de los arcas públicas europeos.

Esta propuesta se expondrá este martes durante una reunión de la comisión de agricultura de Foment, dedicada monográficamente a los retos del sector agrario y agroalimentario, y estará encabezada por el presidente del Institut y vicepresidente de Foment, Baldiri Ros. La intención de recortar las ayudas a los productores ha provocado un gran revuelo en las organizaciones agrarias. El presupuesto total aumenta en prácticamente 200.000 millones de euros (0,13 puntos de la renta nacional europea), mientras que el capítulo de ayudas directas desciende un 7,3% en el conjunto del período a precios de mercado con respecto al vigente marco 2014-2020.

Puede parecer una mala noticia en un contexto marcado por el 'brexit', la escalada en las amenazas internacionales de guerra comercial y la conformación de un texto que permita cumplir con los compromisos de la UE en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en materia de subsidios a exportación, barreras no arancelarias y el actual trato de favor al sector agrícola a través de la PAC.

El Institut entiende, en cambio, que habría que aprovechar para cambiar el sistema. "Las ayudas directas es verdad que hana ido bien para el consumidor, pero lo que recibe el productor lo descuenta la industria", explica Baldiri Ros, quien atribuye el sistema vigente a una "visión folclorista" de la agricultura. A su juicio, el "el modelo de agricultura tiene que ser competitivo" y con un enfoque económico.  

El modelo vigente, basado en la regulación del mercado, hunde los precios en origen y "provoca una dependencia continuada de la renta de los agricultores de las subvenciones directas". Los precios caen en idéntica proporción al subvencionar el cultivo, "ya que el agricultor está percibiendo una renta adicional que no proviene del mercado".

El caso de Nueva Zelanda

El Institut pone de ejemplo a Nueva Zelanda. En 1984, un Gobierno laborista decidió eliminar los subsidios a los productos agrícolas, a pesar de que el 40% de los diputados eran agricultores. Desde entonces, el país es una de las economías dependientes de la agricultura más prósperas del planeta, "produciendo suficientes alimentos para dar de comer a 40 millones de personas y un 90% de la producción agrícola es exportada".

En España, la dependencia de las ayudas directas es 6 puntos porcentuales inferior a la media de la UE (22%) en términos de renta total promedio entre el 2011 y 2015, mientras que el conjunto de ayudas supone el 30% de la renta agrícola. Mientras, en Francia asciende al 31%, en Alemania el 37% y Portugal el 29%. Solo Italia está por detrás de España en la UE-15, con un peso de los pagos directos del 18%.

La menor dependencia en España se basa "en el extraordinario crecimiento que han experimentado los ingresos de los agricultores (homogéneos por fases del ciclo económico) gracias a productos agrarios que o bien no perciben subvenciones directas de la PAC o si perciben alguna, su efecto es escaso o poco representativo en el conjunto del mercado".

Descontando el creciente empuje de los servicios agrícolas (4,8%), el restante 25% de la riqueza agraria (106.750 millones de euros de un total de 437.000 millones anuales) es la que se vería afectada por el recorte del presupuesto, con un coste aproximado de 1.245 millones de euros anuales (una caída anual acumulativa del 1,16%). Si bien este
es el coste, es necesario señalar que cada año estaría mucho más que compensado tomando en consideración la evolución del PIB agrícola, el cual en términos reales crece de media un 2,8% en el conjunto de la UE y también en media en España, más del doble que el coste de corto plazo de dejar de percibir ayudas directas.

Por tanto, agregan, "se trata de gestionar en todo caso un coste de corto plazo para que deje paso a los beneficios futuros derivados de la ausencia de distorsiones en los precios causadas por los subsidios". 

Dado el peso que tiene la política agrícola en el presupuesto comunitario (en torno al 40% del gasto total no financiero de la UE) y las prioridades de gasto establecidas en las negociaciones de los últimos años, será necesario o bien recortar gasto de otras partidas para cubrir estos 5.700 millones anuales o buscar financiación fuera del presupuesto acudiendo a fórmulas de mercado, colaboración público-privada o incluso planteándose una cofinanciación con los Estados miembros de la UE.

Temas: Agricultura