El Santander plantea recortar 3.700 empleos y 1.150 oficinas

Casi dos años después de comprar el Popular por un euro, el Santander ha iniciado por fin este martes el largamente anunciado proceso de ajuste de plantilla y oficinas con que pretende recortar los gastos para sacar toda la rentabilidad posible a su adquisición. El grupo presidido por Ana Botín ha comunicado a los sindicatos su intención de recortar 3.713 empleos, un 11,47% del total de puestos de trabajo del banco en España con datos del primer trimestre, y 1.150 sucursales, un 26,33% del total. Se trata, con todo, de cifras preliminares y lo habitual en estos casos es que las reduzca en las próximas semanas dentro del proceso de negociación con los representantes de los trabajadores.

El ajuste afectará principalmente a la red comercial (2.847 trabajadores) y a sus estructuras intermedias de apoyo (588), pero también a los servicios centrales (278) ya que se reducirá la red a la que dan soporte. En cuanto a las oficinas, 929 serían de la red general y 21 de banca privada para grandes patrimonios (todas las del Popular menos la de Madrid), además de otras 200 de la red universal que se externalizarían y pasarían a ser de agentes colaboradores.

Después del verano

El consejero delegado, José Antonio Álvarez, explicó hace unos días que el banco tienen la intención de ejecutar la mayor parte del recorte este mismo año. Antes debe culminar la integración tecnológica de las oficinas del Popular en los sistemas del Santander, operación que espera completar a finales de julio (ya ha incorporado 600 de las 1.600, las de la zona norte y Canarias). Lo normal es que las negociaciones culminen entre mayo y junio y que las salidas y cierres se comiencen a producir tras el verano.

Los recortes en la banca, por lo tanto, no cesan. Las entidades han reducido sus plantillas en 83.383 trabajadores entre el 2008 y el 2017, lo que supone una bajada del 30,7% desde el máximo, hasta los 187.472. Las oficinas, por su parte, han disminuido desde el 2008 en 19.649 y un 43%, hasta las 26.011 del 2018. Las autoridades bancarias españolas y europeas, con todo, les siguen instando a reducir gastos para recuperar su maltrecha rentabilidad en un entorno de tipos bajos, así como para hacer frente al reto de la digitalización. Los gestores comparten esa idea. Sin ir más lejos, CaixaBank acordó hace unos días con la mayoría de sindicatos reducir hasta 2.023 empleos y cerca de 800 oficinas. Y es más que probable que otros bancos sigan sus pasos.

Ajuste que no cesa

Dentro de este proceso sectorial que dura ya una década, las plantillas de Santander y Popular han sufrido ya ajustes importantes. Las dos entidades realizaron recortes en el 2016 (1.380 trabajadores el banco de origen cántabro y 2.592 el antiguo banco madrileño). Además, y ya tras la compra del segundo, el grupo redujo el año pasado 1.100 puestos de trabajo en sus servicios centrales, el 25% del total de esas áreas, como consecuencia de la integración. De ellos, el 69,9% procedían del Popular. Como referencia, el equipo de Botín anunció inicialmente un recorte de 1.585 empleos, que luego fue reduciendo hasta los 1.100. Tras la compra, el Santander llegó a tener 36.349 empleados y 4.987 oficinas en España, pero al cierre de marzo se habían reducido a 32.366 y 4.366, respectivamente.

El mayor banco de la eurozona anunció inicialmente que preveía ahorrar 500 millones al año invirtiendo 1.300 millones en el recorte de costes en España tras la compra del Popular. Hace unas semanas, elevó esa cifra a 750 millones para compensar los menores ingresos de los previstos a causa de los tipos bajos y mantener el retorno del 14% de la compra que había anunciado. El grupo y los sindicatos firmaron en noviembre un protocolo de empleo, por el que la entidad se comprometió a reducir la plantilla sin adoptar medidas traumáticas unilaterales. La semana pasada, también mostró su voluntad de hacerlo mediante la flexibilidad interna y salidas voluntarias en el marco de acuerdos negociados con los representantes de los trabajadores.