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Informe de ATA

La empresa cuanto más grande, más morosa

Un informe de ATA señala que los días de impago a proveedores de las grandes compañías son casi tres veces superiores a los de los trabajadores autónomos

Gabriel Ubieto

La morosidad destruyó alrededor de 600.000 empleos tras el estallido de la crisis.

La morosidad destruyó alrededor de 600.000 empleos tras el estallido de la crisis. / El Periódico (Archivo)

La morosidad es uno de los grandes dolores de cabeza de los autónomos y empresarios, aunque a algunos les pesa más que a otros. Concretamente a mayor dimensión tiene la empresa menor prisa tienen sus gestores para abonar los pagos a los proveedores, tal como constata un informe de la organización de autónomos ATA, publicado este martes. Este señala que los días de impago de las compañías con más de 1.000 empleados son casi tres veces superiores a los que acumulan los trabajadores autónomos.

Los impagos acumulados son sinónimo de malos recuerdos para parte del empresariado español. Muchas grandes compañías resistieron la embestida de la crisis acosta de poner por delante a las más pequeñas, tal como constató en su momento la patronal Cepyme en un informe. Este denunció que la morosidad fue la causa directa de la desaparición de 61.642 pequeñas y mediadas empresas entre el 2007 y el 2012, lo que acabó provocando la destrucción de unos 600.000 empleos.

Las perspectivas no son las mismas hoy en día, pero la disparidad entre grandes y pequeñas persiste. ATA cifra el periodo medio de impago acumulado de las empresas españolas en los 71 días. La media encubre una tendia proporcionalmente ascendente entre más empleados trabajando en la empresa, mayor número de impagos. Los autónomos persona física pagan a 40 días, aquellos que tienen entre uno y nuevo empleados a 49 y así hasta escalar hasta los 105 días de morosidad de las compañías con entre 250 y 1.000 trabajadores o los 111 días de aquellas con plantillas superiores a las 1.000 personas.

Según explican fuentes del sector, dicha situación de impagos persiste, pese a existir una ley que obliga a la Administración a pagar a 30 días y al sector privado en un plazo de 60. La explicación es sencilla: no existe un régimen sancionador que penalice el impago. La redacción y aprobación final del mismo es uno de los multiples proyectos que quedó varado en el Congreso de los Diputados tras el adelanto electoral. "No nos vamos a cansar de pedir un régimen sancionador", ha declarado el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

Pese a que el sector privado es el que acumula las medias más dilatadas de días de impago, el informe de ATA señala que muchas administraciones tampoco están cumpliendo con sus obligaciones. En el primer trimestre del 2019 la administración central y las autonómicas pagaron a 39 días y las locales a 60 días. No obstante, hay algunos casos mucho más retrasados que otros. A nivel autonómico destaca como ejemplo de mal pagador la comunidad de Cantabria, que pagó a 90 días. Y en el terreno municipal el peor ejemplo es el de Jaén, que acumuló una morosidad de 531 días.

A nivel catalán, la Generalitat se situó en el primer trimestre del 2019 ligeramente por encima de la media de demora en los pagos, con un saldo de 43 días. Mejores números para los proveedores registraron las diferentes diputaciones catalanas, con Lleida, con 32 días de media, como la más tardía y Girona, con 26 días de media, como la más tempranera. A nivel municipal, Barcelona cerró los tres primeros meses del 2019 con una morosidad media de 16 días.