El Gobierno prevé aprobar el viernes la oferta pública de empleo de 2019

El Gobierno ha presentado a los sindicatos su plan de oferta pública de empleo (OEP) para el ejercicio 2019, que contempla más de 30.000 plazas para la Administración General del Estado (AGE). Tras la presentada en julio del 2018, que fue la mayor oferta de ocupación pública desde el 2008, esta será de proporciones similares, a falta de conocerse todos los detalles. La Ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, prevé llevarla finalmente este viernes al Consejo de Ministros para ser aprobada, un mes antes de las elecciones anticipadas del 28 de abril, tal como ya anticipó EL PERIÓDICO.

La oferta presentada este miércoles por la tarde a los sindicatos supera númericamente en el ámbito de la AGE a la aprobada en julio por el Ejecutivo. No obstante, las cifras del Ministerio ofertan más plazas de estabilización y promoción y menos de nuevo ingreso. En la del 2018 se lanzaron un total de 8.698 plazas nuevas y 5.977 de promoción interna. También se pasaron un total de 2.528 de interinos a fijos. El resto, hasta completar las 30.844, se destinaron a fuerzas armadas y cuerpos policiales. Según fuentes presentes en la mesa negociadora, la propuesta del Gobierno es de 8.495 plazas de nuevo ingreso, 6.613 de promoción y 2.000 de estabilización. 

La convocatoria de empleo público irá a cargo de los Presupuestos Generales del Estado del 2018, prorrogados ante el adelanto electoral. El coste total de la OEP se desconoce actualmente, aunque fuentes del CSIF señalan que el aumento de plazas podría ser costeado dado las menores remuneraciones de los nuevos empleados públicos, en comparación con los que se jubilan, con antigüedad. Según cálculos de la central en base a datos del Ministerio, la media de edad entre los 201.030 efectivos de la AGE es de 52 años y un total de 31.801 empleados públicos tienen más de 60 años. El sindicato considera que el descenso de nuevas plazas, en comparación con la convocatoria de julio, no ayuda a combatir el envejecimiento de la plantilla. 

En épocas de estabilidad parlamentaria -y con ella, de Presupuestos Generales del Estado-, las ofertas de empleo público se solían negociar con los sindicatos entre final de año y principios del siguiente, según recuerdan desde UGT. Con la prórroga de los presupuestos del 2017 ya pasaron a debatirse en julio, con lo que la publicación y concreción de las plazas llegaba con retraso. Varias fuentes sindicales consultadas cifran entre seis meses y un año el plazo entre el lanzamiento y la entrada de los nuevos empleados públicos a puesto y no descartan que, con elecciones de por medio, hasta marzo del 2020 no se haya completado el proceso.