Consumidores
Consum propone sancionar con 8 millones de euros a operadores telefónicos
La Agencia Catalana de Consum (ACC) quiere sancionar con 7,9 millones de euros a las grandes compañías de telefonía con motivo del incremento unilateral de precios en sus tarifas. Concretamente, la multa más alta sería para Telefónica, con una cifra superior a 5 millones de euros, seguido por Vodafone, con 1,69 millones, y Orange, con 1,13 millones.
Los clientes han sido los principales detonantes de la situación al aumentar sus reclamaciones sobre el incremento de las tarifas de manera injustificada entre finales del 2017 y el 2018. Tras un aviso por parte de la ACC a las compañías, la agencia ha decidido poner en marcha la sanción, según ha informado Joquim Ferrer, secretario de Empresa y Competitivitat, en la rueda de prensa de presentación del balance de actuación del 2018.
"Se impone esta medida por las pácticas abusivas que están realizando hacia los consumidores. Como dice el artículo 331-5 de la ley 22/2012 del Código de Consumo, se trata de una infracción grave", añade el secretario. Por el elevado volumen de la sanción, las compañías disponen de un mes y medio para hacer frente a la multa, aunque pueden recurrirla y la resolución del expediente se puede extender entonces hasta dos o tres años, añade.
El principal objetivo de la ACC es defender el derecho a la información del consumidor, por ello ha decidido imponer tal sanción. También pretende promover una cultura de consumo responsable, salidario y comprometido, así como realizar campañas para el buen uso de las nuevas tecnologias.
Actuaciones del 2018
En el 2018 recibieron un total de 37.991 consultas, lo que supone un descenso del 17,60% respecto al año anterior. De todas, casi el 53% se resolvieron a través de la mediación o arbitraje. "Las compañías que más quejas reciben son Orange, Vodafone, Telefónica o Naturgy. Durante la temporada de verano esto cambia: Ryanair y Vueling son entonces las que más tienen", ha informado Ferrer.
El mayor control sobre las actuaciones de inspección y control de los mercados ha derivado a 400 expedientes resueltos con sanción, que han derivado en multas de 2,6 millones de euros. Además, se registraron 3.004 productos alterados en Catalunya y se retiraron del mercado un total de 24.000 artículos.
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