trama fraudulenta

Un alto cargo de Putin se benefició de una red de blanqueo en la Costa Brava

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Antonio Baquero / Max Jiménez Botías

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Durante años, una estructura de compañías offshore que movió desde Rusia 4.000 millones de euros permitió a políticos corruptos y a criminales blanquear su dinero, evadir impuestos y esconder sus bienes en el extranjero. Esa enorme maquinaria financiera ha sido destapada por una investigación periodística llevada a cabo y difundida este lunes a las cuatro de la tarde de forma simultánea por 21 medios de otros tantos países, entre ellos EL PERIÓDICO DE CATALUNYA así como 'The Guardian', el 'Süddeutsche Zeitung' o la 'The Guardian''Süddeutsche Zeitung'televisión pública finlandesa, a partir de la obtención de un archivo con un 1,3 millones de transferencias. La investigación ha sido coordinada por el Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Esa maquinaria de blanqueo, bautizada como 'Lavandería Troika', por el nombre de Troika Dialog, el banco de inversión que creó el entramado, funcionaba a través de empresas radicadas en paraísos fiscales. Esas empresas pantalla habían abierto cuentas en varios bancos. Ukio Bankas, de Lituania, fue uno de sus preferidos para operar e introducir el dinero en el sistema financiero europeo. Desde esa entidad se realizaron buena parte de las transferencias presentes en ese archivo obtenido por este equipo de periodistas, coordinado por el Crime and Corruption Reporting Project.

Pero de entre esos cientos de miles de transferencias enviadas a cerca de 50 países, hay 31 traspasos de dinero que comprometen a las más altas esferas del <strong>Kremlin</strong>, pues vinculan con esa red de blanqueo a un hombre del entorno de máxima confianza de Vladímir Putin. Se trata de Vladímir Artyakov, un exgobernador regional y actual vicepresidente de Rostec, la mayor empresa pública rusa de tecnología y armamento. Esos 31 pagos  acreditan unos sospechosos préstamos por valor de 14.720.000 euros a una mujer rusa de 80 años que con ese dinero compró unos terrenos con dos lujosas mansiones en la zona más exclusiva de la Costa Brava. La anciana, identificada como Anna Kurepina, es familiar de Artyakov (posiblemente su suegra) y acabó vendiendo esas propiedades al hijo del político ruso.

Entre el 2008 y el 2009, Kurepina recibió 13.120.000 euros en virtud de esos préstamos por parte de dos empresas Delco Network SA (12.720.000 euros), y Dino Capital SA (400.000 euros). Todo el dinero llegó en 27 transferencias bancarias a la cuenta que la mujer tenía en <strong>Caixa Girona</strong>.

La investigación ha podido demostrar que en ambos casos se trata de empresas administradas por Troika Dialog. Las dos tienen su sede en paraísos fiscales: Delco Network la tiene en las Islas Vírgenes Británicas y Dino, en Panamá.

La operación en sí es sorprendente. Para empezar, porque las compañías dieron ese crédito millonario a una mujer sin aparentes ingresos para poder devolverlo y con una esperanza de vida que hace poco viable un préstamo a 20 o 30 años. Tampoco le exigieron ninguna garantía por la concesión del crédito. El contrato solo establecía que la mujer tenía que devolver el dinero antes de abril del 2019, ya sea en un pago o en varios.

Con ese dinero, la mujer compró varias parcelas de terreno que suman más de 6.000 metros cuadrados en las que se levantaban dos lujosas villas en S’Agaró Vell, una exclusiva urbanización de Castell-Platja d’Aro. Kurepina compró los terrenos por 10 millones de euros en el 2008.

Según ha podido determinar este diario en colaboración con el OCCRP, Anna Kurepina estuvo registrada años atrás en el mismo apartamento moscovita que Vladimir Artyakov y su familia. Todo apunta a que se trata de la suegra del alto cargo.

Entre el 2007 y el 2012, Artyakov fue gobernador de la región rusa de Samara. Actualmente, es vicepresidente de Rostec, la gran empresa estatal rusa de tecnología y armamento, controlada estrechamente por el Kremlin. Entre otros, esta empresa es la responsable de la fabricación de la nueva gama de fusiles de asalto Kalashnikov.

La vinculación entre la anciana y el político queda patente de forma documental por el hecho de que años más tarde, en el 2014, Kurepina vendió los terrenos de S’Agaró a otro Artyakov, en esta ocasión Dmitri Artyakov, el hijo del alto cargo y, a la sazón, posible nieto de la vendedora. Este pagó a su abuela 10 millones de euros por las propiedades en una transacción que se llevó a cabo en Rusia.

Artyakov aportó algunas propiedades a un plan de reparcelación aprobado por el Ayuntamiento de Castelló- Platja d’Aro, al que pertenece la urbanización, de modo que tres de esas parcelas de la urbanización se convirtieron solo en dos. Ambas viviendas están una al lado de la otra y no hay ninguna separación entre ellas. Se trata de lujosas mansiones de piedra blanca y ladrillo rojo. En su interior, una fuente y una piscina. Altos pinos mediterráneos garantizan, durante el verano, una sombra refrescante y, durante todo el año, protección a miradas indiscretas.

Cerrado en el 2013

A todo esto, Delco, la empresa que le hizo el mayor de los préstamos cerró sus cuentas bancarias en el 2013 sin recibir ni un solo pago por parte de la mujer. El crédito de las empresas  gestionadas por Troika Dialog se produjo precisamente en el momento en que Artyakov, su yerno, era gobernador de Samara, una región rusa donde ese banco de inversión tenía más intereses. Además, la investigación ha encontrado registros de numerosos vuelos chárters (o privados) entre Samara y Girona.

Además, la investigación de este equipo internacional de periodistas ha determinado que esas mismas dos compañías, Delco y Dino, hicieron llegar grandes cantidades de dinero a compañías propiedad de Sergey Roldugin, un violonchelista amigo íntimo del presidente Putin.

El sospechoso método de que una compañía preste dinero a un particular es una manera de operar muy ventajosa en ese tipo de operaciones opacas. “Mientras la empresa que lo ha concedido no lo reclame, nadie puede intervenir”, explica el financiero ruso Andrey Movchan, que trabajó como responsable en varios bancos de inversión, incluido Troika Dialog, entre 1998 y el 2003. “Que una pensionista reciba un préstamo de 13 millones de euros y que no haya rastro de ninguna devolución del dinero es, desde luego, muy sospechoso. No puedo decir que sea un soborno. Pero en una sociedad que tenga altos estándares morales, quien se beneficie de ese tipo de préstamo debería responder a algunas preguntas”, añade.