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El permiso de paternidad se amplía a 8 semanas

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El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto de medidas urgentes para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo, en el que finalmente se incluye la ampliación del permiso por paternidad a ocho semanas en el 2019, 12 en 2020 y 16 en 2021, equiparándolo así al de maternidad. Ese nuevo marco legal entrará en vigor el 6 de marzo, tras su publicación en el 'Boletín Oficial del Estado', aunque el texto debe ser convalidado posteriormente por el Congreso. 

El Gobierno establece como obligatorias las seis semanas inmediatamente posteriores al parto, pero la medida se implantará de manera progresiva: las dos primeras semanas tras el parto serán obligatorias en el 2019; cuatro lo serán en el 2020; y seis en el 2021.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha justificado la implantación progresiva del permiso "para dar tiempo suficiente a las empresas". También ha apelado a la "corresponsabilidad" de ambos progenitores, al tiempo que ha defendido la necesidad de que España "deje de ser parte del furgón de cola" en esta materia.

"La maternidad no puede ser un arma en contra del desarrollo laboral de las mujeres. La maternidad es una opción libre de las mujeres y tenemos que hacernos corresponsables todos", ha incidido en la rueda de prensa posterior al Consejo.

El objetivo de llevar esta medida a través del decreto ley es poder hacerla efectiva, ya que se quedó en el aire al tumbarse los presupuestos generales por parte del Congreso de los Diputados. El Gobierno estima que el coste económico de este decreto ley rondará los 610 millones de euros, presupuestados a cargo de la Seguridad Social y su "incremento de la recaudación" gracias a los mayores ingresos derivados del alza del salario mínimo y el aumento de la cotización máxima.

Tras las seis semanas obligatorias de baja por nacimiento o adopción, ambos progenitores tendrán otras 10 semanas cada uno a distribuir hasta el primer año del recién nacido, y éstas podrán repartirse a jornada completa o parcial, y en ningún caso podrán cederse. En cualquier caso, si ambos progenitores deciden disfrutar de los permisos de manera equitativa éstos se ampliarán en una semana cada uno.

También se reducen las semanas que la madre biológica puede ceder al otro progenitor/a hasta cuatro semanas de su periodo de suspensión de disfrute no obligatorio. A partir del 1 de enero del 2020, en el caso de nacimiento, el otro progenitor/a "contará con un periodo de suspensión total de doce semanas", de las cuales las seis primeras deberán disfrutarse de forma initerrumpida inmediatamente tras el parto. Respecto a la cesión por parte de la madre biológica, podrá ser de "hasta dos semanas de su periodo de suspensión de disfrute no obligatorio".

El Gobierno argumenta la redacción de este decreto alegando que el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral "debe regularse de tal forma que garantice la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, quedando prohibido cualquier trato discriminatorio directo".

Otra medida del real decreto ley, y que estaba contemplada en la ley de igualdad laboral del PSOE, es la exigencia de redacción de los planes de igualdad a empresas de más de 50 trabajadores, ya que actualmente lo son para las compañías con mas de 250 trabajadores. Las empresas que tienen más de 50 trabajadores tendrán tres años para elaborarlos, mientras que se da un margen de un año a las empresas que tengan más de 250 trabajadores.

También se recoge la obligatoriedad de la publicación de las tablas salariales para empresas, a las que se tendrá acceso a través de la representación sindical o personal, según ha precisado la vicepresidenta, Carmen Calvo, que ha abogado por "igual trabajo igual salario". "Muchas mujeres no conocen cual es la discriminación salarial en la que están al no conocer la retribución del resto de los trabajadores", ha dicho, defendiendo esta medida en aras de la transparencia. Según ha precisado, la instauración del registro de estas tablas será obligatoria para empresas con más de 50 trabajadores.