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ACUERDO PARA REGULAR LOS ARRENDAMIENTOS

El decreto del alquiler no limitará los precios, pero abre la vía a medidas fiscales

El Gobierno cierra con los partidos de la moción de censura un documento para regular los arrendamientos y lo aprobará este viernes en Consejo de Ministros

Gabriel Ubieto

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, durante una intervención en el Congreso.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, durante una intervención en el Congreso. / Ballesteros (EFE)

El Gobierno y los partidos que hicieron posible la moción de censura han cerrado un borrador de real decreto ley para reformar la legislación de los alquileres que el Gobierno espera aprobar este viernes en el Consejo de Ministros. El documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO y que previsiblemente será el que se apruebe sin excesivos cambios, no incorporará una regulación de precios, al igual que el decreto que Unidos Podemos tumbó en primera instancia. Lo que sí contempla el texto es la ampliación de tres a cinco años la duración de los contratos en caso de que el casero sea persona física y hasta siete si es persona jurídica y mejoras, en ambos casos actualizados los precios durante la vigencia según el IPC. También incorpora el aumento del preaviso en caso de voluntad de no renovación del casero hasta los cuatro meses de antelación.

El mecanismo que ha elegido el Gobierno para tratar de contener los precios, y que la mayoría de la moción de censura ha aceptado, es más la zanahoria que no el palo. En vez de modificar el artículo 17 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que dicta que "la renta será la que libremente estipulen las partes", el PSOE ha apostado por abrir la puerta de la política fiscal. Y ello irá en base a un índice de precios, que el Ministerio de Fomento se compromete a elaborar en los próximos ocho meses.

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Directora adjunta

A partir de ese índice de precios, que cada comunidad autónoma podrá desarrollar o, en su defecto, acogerse al estatal, el borrador del real decreto insta a "facilitar la aplicación de medidas de política fiscal". Un concepto, el de "política fiscal", lo suficientemente ambiguo para recabar el consenso entre las diferentes fuerzas políticas, pero no vinculante. Es decir, que puede traducirse o no en incentivos fiscales o penalizaciones, entre otros. 

Fuentes de Unidos Podemos califican de "insuficiente" el contenido, ya que opinan que no revertirá la inflación de la vivienda de alquiler. "Está demostrado que los incentivos fiscales no limitan precios, el Gobierno ha sido cobarde por no regular", insisten esas mismas fuentes. No obstante, "es una mejora [en referencia al real decreto que tumbaron] y hemos de votar que sí", declaran. 

Actualmente este mecanismo de índices de precios ya existe en comunidades autónomas como Catalunya Valencia, aunque no es vinculante. "La nueva legislación deberemos encajarla con los marcos territoriales", señalan fuentes del PDECat, clave para la mayoría necesaría en el Congreso y que se muestra satisfecho con el contenido de los actuales borradores. Los posconvergentes insisten en que los incentivos fiscales del texto final deben ahondar no solo en el IBI -que el decreto limita a las viviendas de protección oficial, con bonificaciones de hasta el 80%-, sino en impuestos de la renta física de las personas.

Preaviso de un mes a cuatro

Con la legislación actual, un arrendatario debe avisar con un mes de antelación a su inquilino del vencimiento del contrato. El primer real decreto que no prosperó en el Congreso mantenía esta cifra y en el nuevo texto el propietario tendrá la obligación de notificar a su inquilino con cuatro meses de antelación su intención de no renovarle el contrato. En el caso inverso, la cifra también aumenta y pasa a ser de un mes a dos los que el inquilino debe avisar a su casero de su intención de dejar el piso.

Otra reivindicación de actualidad que llega desde los movimientos por el derecho a la vivienda y que recoge el acuerdo es la prohibición expresa de los desahucios abiertos. Es decir, aquellos que ordena el juez sin fijar concretamente el día y la fecha. Según recoge el texto, "el requerimiento expresará el día y la hora que se hubieran señalado [...] para la práctica del lanzamiento". No obstante, lo que no recoge el decreto ley que presumiblemente se apruebe en próximos Consejos de Ministros es la alternativa habitacional en caso de primer desahucio.

Otro elemento a favor de los intereses de los inquilinos es el que determina que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato "serán a cargo del arrendador, cuando este sea persona jurídica". Hasta ahora, este podía cargarselos al inquilino si ambas partes lo acordaban.