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Bruselas vuelve a reprobar la alta temporalidad en España

El comisario de Economía, Pierre Moscovici.

El comisario de Economía, Pierre Moscovici. / periodico

Silvia Martinez / Bruselas

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Pese al cambio de gobierno en España los reproches no han variado y el mensaje se repite invariablemente año tras año en el examen de la Comisión Europea sobre la salud de la economía española. El crecimiento económico sigue siendo sólido, a un ritmo superior al del resto de países de la Eurozona, pero es uno de los diez Estados miembros que siguen experimentando “desequilibrios macroeconómicos” por los elevados niveles de deuda (tanto pública como privada), y, sobre todo, por las altas tasas de desempleo y la alta temporalidad en los contratos laborales.

El Ejecutivo comunitario reconoce en su informe que al crecimiento y el entorno de tipos bajos de interés han ayudado a mejorar la situación económica y que el paro sigue bajando. Pero hasta ahí todo lo positivo. España, en una situación política inestable que se ha traducido en una ralentización de las reformas, sigue registrando “desequilibrios” y no ha conseguido resolver el principal problema al que se enfrenta, por ejemplo, su mercado laboral: la alta segmentación y temporalidad.

La proporción de trabajadores temporales no ha aumentado sustancialmente en los últimos años, pero hay Estados miembros que siguen experimentando niveles persistentemente superiores al 15%. Este es el caso de Eslovenia, Polonia, Portugal, Italia y Croacia pero también España donde el 60% de este tipo de contratos corresponden a jóvenes. “El uso generalizado de los contratos temporales frena el potencial de crecimiento y la cohesión social de España. Pasar de un contrato temporal a uno permanente sigue siendo difícil” y “las barreras a la movilidad laboral reducen las oportunidades para las personas que buscan empleo”, avisa el informe. El problema, alerta en Bruselas, es que más de la mitad de las personas que tienen contratos temporales no son capaces de encontrar empleos fijos. 

Riesgo elevado de pobreza

El resultado es un riesgo de elevado de pobreza y exclusión social entre los trabajadores, especialmente entre los autónomos, los trabajadores a tiempo parcial, los empleados inmigrantes de terceros países y los trabajadores temporales. Bruselas reconoce que la subida del salario mínimo en un 22,3% en 2019 podría ayudar a reducir el riesgo de pobreza entre los trabajadores pobres, pero también minar la creación de nuevas oportunidades de trabajo entre los jóvenes y los trabajadores poco cualificados. 

El informe apunta a las simulaciones existentes que auguran que la reciente subida de hasta 900 euros destruirá 125.000 empleos o el 0,8% del total, un efecto negativo que sentirán especialmente mujeres, jóvenes, trabajadores poco cualificados y aquellos con contratos temporales. Según las estimaciones de la Comisión, alrededor del 11% de los trabajadores recibirán este salario mínimo –frente al 4% en 2017- aunque la situación variará en función de la comunidad autónoma. En Navarra será el 3% y en La Rioja el 6% mientras que en Andalucía será el 15% y en Valencia el 18%.

La Comisión Europea constata que las autoridades han adoptado medidas para modernizar los servicios de empleo públicos y la cooperación entre los servicios sociales pero la capacidad de ayudar a los parados en busca de empleo y de responder a las necesidades de las empresas “siguen siendo limitadas”. También ha habido “avances limitados” en la puesta en marcha de la ley de unidad de mercado, que lleva cinco años en vigor, la nueva estructura de gobernanza sobre licitaciones públicas o la financiación en los ámbitos de investigación, desarrollo e innovación, pero aunque ha registrado pasos positivos, “la cooperación entre universidades y la empresa sigue siendo débil”.

Freno a las reformas y las pensiones

El informe vuelve a alertar además de otro problema recurrente en España: las altas tasas de abandono escolar y los bajos niveles de estudiantes que optan por la formación profesional. También de las repercusiones positivas que tendría una mayor coordinación entre las autoridades centrales y regionales y de las incompletas interconexiones en materia de electricidad. “España necesita invertir más en conexiones de electricidad para alcanzar el objetivo de al menos el 10% de la capacidad de producción para 2020”, recuerda el Ejecutivo.

El balance deja un sabor agridulce de nuevo y es que, aunque España ha logrado “algún progreso” en el 74% de las recomendaciones que llevan año tras año de Bruselas, los avances son limitados o inexistentes en el 26% restante. Concretamente, los responsables comunitarios afean que España haya pisado el freno en algunas reformas e incluso que haya dado marcha atrás en una de tanto calado como es la de las pensiones. Es más, recuerdan que la sostenibilidad de las finanzas públicas no está garantizada y que volver a vincular de forma permanente la subida a la inflación se traducirá en un aumento del 4% del gasto en pensiones para 2050.