Ir a contenido

fin de legislatura

Hacienda planea un decreto para adelantar hasta 8.000 millones a autonomías y ayuntamientos

La ministra Montero quiere evitar problemas de liquidez derivados de la prórroga presupuestaria

Hacienda pretende aumentar las entregas a cuenta a las administraciones sin esperar unos nuevos Presupuestos

Rosa María Sánchez

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la presentación del proyecto de ley de Presupuestos en el Congreso de los Diputados.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la presentación del proyecto de ley de Presupuestos en el Congreso de los Diputados. / David Castro

La no aprobación del proyecto de Presupuestos del Estado para el 2019 y la consiguiente prórroga presupuestaria deja en suspenso la entrega adicional de casi 8.000 millones de euros para la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos, de los que alrededor de 1.400 corresponden a Catalunya

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se propone evitar este perjuicio para las cuentas autonómicas y locales y planea remitir en las próximas semanas al Consejo de Ministros un decreto ley que permita hacer llegar a las administraciones territoriales estas cantidades lo antes posible, sin tener que esperar a la aprobación de unos nuevos Presupuestos por parte del Gobierno que resulte de las elecciones del 28 de abril.

Esta es una de las medidas del defenestrado proyecto de Presupuestos que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende rescatar vía decreto ley antes de que acabe definitivamente la legislatura. Además de aliviar las tensiones presupuestarias de las comunidades autónomas, esta medida podría servir de baza electoral socialista de cara tanto a los comicios generales del 28 de abril, como ante los autonómicos del 26 de mayo.

Entregas a cuenta e IVA

En principio, según fuentes de Hacienda, ese real decreto ley serviría para aumentar las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica y local en los casi 5.400 millones adicionales que estaban previstos en el proyecto de Presupuestos. De estos 5.400 millones adicionales, casi 4.000 son para las autonomías (989 para Catalunya) y el resto, para las corporaciones locales.

No es seguro aún poder incorporar también en ese decreto ley la entrega adicional de otros casi 2.500 millones de euros a las autonomías por el desfase en la liquidación de los ingresos por IVA derivado de la introducción del nuevo Sistema de Información Inmediata (SII) en este impuesto. De ser así, la cantidad adicional de financiación para autonomías y corporaciones locales rozaría los 8.000 millones que autonomías y ayuntamientos esperan de Hacienda. 

De este total, a Catalunya le corresponderían unos 989 millones por mayores entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica en el 2019 y otros 400 millones más, por la corrección del desfase en la participación de las autonomías en la recaudación del IVA. Así, según estos cálculos de Hacienda de los últimos meses, la Generalitat podría contar con una liquidez adicional de casi 1.400 millones para financiar el gasto del 2019. 

No sacar adelante este real decreto ley para hacer llegar a las administraciones territoriales esos casi 8.000 millones adicionales previstos en el defenestrado proyecto de Presupuestos no implicaría que autonomías y ayuntamientos fueran a perder estos recursos, pues son el resultado de aplicar los modelos vigentes de financiación territorial. Simplemente, es que tardarían más en recibirlos; tendrían que esperar hasta la aprobación de unos nuevos Presupuestos del Estado para el 2019 por el Gobierno que salga de las urnas. Mientras tanto, la actual prórroga de los Presupuestos del 2018 obligaría a repetir las entregas del año pasado, con el consiguiente problema de liquidez para las finanzas de autonomías y ayuntamientos

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya dejó claro a los responsables autonómicos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 31 de julio que las comunidades iban a poder elaborar sus cuentas aunque no hubiera Presupuestos del Estado para el 2019 ya que en ese caso (que finalmente se ha confirmado) el Gobierno habilitaría los instrumentos legales para hacer llegar las cantidades comprometidas a las administraciones territoriales