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Negociación colectiva

Los sindicatos se aferran al empuje electoral para conseguir la derogación de la reforma laboral

Trabajo admite reuniones con CCOO, UGT y CEOE a finales de esta semana, donde podría presentarles las medidas que aprobaría en el último Consejo de Ministros de la legislatura

La patronal rechaza públicamente cualquier modificación, pero el PSOE podría encontrar los apoyos suficientes en el Congreso para aprobarlas y convalidarlas vía real decreto ley

Gabriel Ubieto

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, durante una reunión con los presidentes de CEOE, Cepyme, UGT y CCOO.

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, durante una reunión con los presidentes de CEOE, Cepyme, UGT y CCOO. / Rodrigo Jiménez (EFE)

Los sindicatos no renuncian a intentar exprimirle en lo que queda de legislatura al PSOE algunas de las promesas laborales que, entre otros, le llevaron al Gobierno. Aprietan para arrancarle a la lógica electoral lo que hasta ahora la misma lógica electoral les ha venido negando: la derogación de algunos de los aspectos más lesivos para los trabajadores de la reforma laboral del PP. Y el Ejecutivo parece dispuesto a ello. En un acelerón de los tiempos, el Ministerio de Trabajo ha convocado reuniones con CCOOUGT CEOE para finales de esta semana, la secretaria de Estado, Yolanda Valdeolivas, ha recordado públicamente este martes que ya existen documentos al respecto y la suma de variables apunta hacia la misma fecha: el último Consejo de Ministros de la legislatura.

Durante los nueve meses que ha durado el mandato de Pedro Sánchez ha habido una queja que se ha ido repitiendo de puertas para adentro en boca de varios dirigentes sindicales: "el Gobierno tiene demasiado en cuenta el titular". El caso de la subida del salario mínimo a 900 euros es un ejemplo de ello. No es que las centrales estuvieran en contra, pero fue una medida que el Ejecutivo no negoció con ellos. "Demasiadas veces hemos tenido que salir a valorar anuncios de los que apenas conocíamos los detalles", afirma un dirigente sindical. 

Es esa misma lógica electoral la que puede acabar desencallando varias de las medidas que han quedado empantanadas en las Mesas de Diálogo Social durante la presidencia de Sánchez: la obligatoriedad del registro horario, la recuperación de la ultraactividad, la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa y la reforma de las condiciones de subcontratación.

A finales de semana hay convocadas Mesas de Diálogo Social con sindicatos y patronales, según confirman fuentes de Trabajo. Las centrales esperan que sea entonces cuando les presenten el documento que dará forma al decreto ley que, por tiempos y cargado de simbolismo, podría aprobarse el 1 de marzo, en el último Consejo de Ministros de la legislatura. Luego debería ser ya el órgano provisional de la Diputación permanente quién aceptara o vetara durante los próximos 30 días la reforma. "Que cada partido se retrate y la gente sepa quién defiende los intereses de los trabajadores y quién no a la hora de votar”, afirman fuentes sindicales. 

Veto de la CEOE

El principal escollo hasta ahora ha sido el veto de la patronal CEOE y, con él, la reticencia de grupos parlamentarios como el PDECat a votar en el Congreso un proyecto de ley que no tuviera su beneplácito. El presidente de la gran patronal española, Antonio Garamendi, ha dado su opinión este martes en una entrevista en Antena 3: el Gobierno debería tener la "decencia" de no legislar antes de las elecciones. No obstante, fuentes del PDECat, con quién el PSOE lleva meses preparando la contrarreforma, declaran que "si el texto del real decreto se corresponde con lo que hemos ido negociando, no tendremos ningún problema en votar a favor".

El PSOE, por su parte, no ha querido forzar hasta ahora la máquina vía real decreto, ante la perspectiva, como ya pasó en el caso de la reforma de los alquileres, de que la decisión del Consejo de Ministros muriera un mes más tarde en la Cámara baja.

Fuentes del principal socio del Gobierno en el Congreso, Unidos Podemos, afirman que ellos trasladaron el pasado 8 de febrero, el mismo día que CCOO y UGT se conjuraron con 10.000 delegados en Madrid para presionar al Gobierno, su propuesta de contrarreforma al equipo de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. "Todavía no hemos recibido respuesta, aunque si mañana nos llaman todavía llegamos a tiempo", cuentan desde la bancada morada.