vivienda social
Los promotores presentan un recurso contra la normativa del 30%
La Associació de Promotros de Catalunya (APCE) han interpuesto recurso contencioso administrativo contra la Modificación del Plan General Metropolitano para la obtención de vivienda de protección pública en suelo urbano consolidado promovida por el Ayuntamiento de Barcelona y aprobada definitivamente por la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona el pasado 5 de diciembre. Dicha modificación prevé que las actuaciones en materia de viviendas plurifamiliares o de gran rehabilitación de edificaciones de más de 600 metros cuadrados deberán destinar un mínimo del 30% del techo edificable a vivienda de promoción pública de régimen general en venta o alquiler. Al recurso se suman la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, El Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya.
Según estas asociaciones, esa norma es contraria al ordenamiento urbanístico vigente. "Estas entidades entienden que ni la legislación urbanística estatal ni la catalana habilitan al Consistorio barcelonés a regular en esta materia. "Tanto el texto refundido de la ley del suelo estatal como la legislación urbanística de la Generalitat excluyen la posibilidad de imponer una carga - 30% mínimo de vivienda de protección pública - en el suelo urbano consolidado", afirman. "Al contrario, atenta contra las condiciones básicas del derecho de propiedad de los propietarios de este tipo de suelo", explican.
El gobierno municipal justifica la nueva normativa en una situación de emergencia habitacional en la ciudad, en un contexto de incremento de precios de venta y alquiler. Aunque, según los promotores "olvidan que Barcelona no dispone de suelo". La APCE explica que según la memoria del documento de planeamiento, hay en suelo urbano consolidado 1.073 solares pendientes de edificación, de los cuales 187 son propiedad municipal. "También se olvida de la ausencia de políticas de vivienda social en todo el Estado, y de la propia inactividad municipal en la materia".
Disponibilidad de espacio
La misma memoria de la modificación recoge que los solares disponibles del Ayuntamiento de Barcelona tienen capacidad para cerca de 7.000 viviendas, en su mayoría de VPO, procedentes de cesiones de aprovechamiento de la ejecución en suelos urbanizables y urbanos no consolidados. Es el caso de la Marina del Prat Vermell y de los cuarteles de Sant Andreu, que suman suelo para vivienda de protección pública (VPP) por un total de 60.000 metros cuadrados en manos del Ayuntamiento, y que están todavía pendientes de edificar.
La APCE menciona dictámenes que señalan que la valoración del patrimonio urbano afectado - solares y edificios - con la entrada en vigor de la modificación urbanística, tendrá una disminución en torno al 26% de media. Los efectos más negativos se dan en la rehabilitación. En este sentido, consideran que el análisis de operaciones concretas de rehabilitación integral de edificios existentes "muestra que la nueva normativa conlleva que la rehabilitación deja de ser viable tanto para la propiedad vertical como para la horizontal; situación que preocupa especialmente a los administradores de fincas", agregan
Su argumentación contraria a la normativa señala que esta tendrá efectos sobre el tejido urbano al hacer inviable económicamente la rehabilitación. Consideran, asimismo, que las grandes tensiones que registra el acceso a la vivienda para una gran parte de las familias, tiene por origen el desequilibrio entre una oferta muy reducida respecto de una demanda creciente, así como la ausencia de políticas públicas bien diseñadas y dotadas económicamente. Le suman una parálisis de la gestión de las administraciones públicas con los escasos recursos de que disponen.
Los promotores proponen como mecanismo para incrementar la oferta de vivienda asequible movilizar las reservas de suelo que existen en Área Metropolitana de Barcelona y que están recogidas en el Pla Territorial de Sectorial de Vivienda y cuantificadas en 73.000 viviendas.
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