4.500 AFECTADOS

Camioneros españoles reclaman 700 millones de euros a los fabricantes

Empieza la presentación de reclamaciones en los juzgados contra el cartel europeo por pactar precios

Marcha lenta de camiones en la N-240 a su paso por Lleida.

Marcha lenta de camiones en la N-240 a su paso por Lleida. / ARCHIVO / ACN / Salvador Miret

Se lee en minutos

Miles de camioneros españoles están emprendiendo acciones judiciales contra los fabricantes de sus vehículos para recibir compensaciones por el precio pagado en su adquisición. El despacho CCS Abogados ha iniciado la presentación de las primeras demandas contra el cártel europeo de fabricantes de camiones, que recogen 7.300 reclamaciones de 4.500 clientes y que implican a más de 34.000 vehículos. Las indemnizaciones totales a los afectados por el caso en España podrían superar los 700 millones de euros, según las reclamaciones calculadas por los demandantes. 

Según CCS Abogados, la presentación de demandas se está realizando de manera uniforme en todas las comunidades autónomas y la indemnización estipulada para los usuarios con camiones afectados podría situarse en una media del 16,35% del precio original del vehículo.

La prueba pericial aportada por el despacho de abogados, que ha realizado en coordinación con equipos técnicos de otros países, es el resultado de cuantificar los sobrecostes causados por el cártel de fabricantes de camiones a los transportistas utilizando dos métodos econométricos distintos.

En España, los afectados comenzarán su andadura hacia una posible indemnización en los juzgados de lo Mercantil de sus provincias y presumiblemente acabará en las audiencias provinciales, sin descartar que algunos casos puedan llegar hasta el Tribunal Supremo. Otros bufetes ya han presentado demandas y ha salido alguna sentencia desestimatoria debido a los defectos que presenta la prueba pericial que han usado, según CCS Abogados.

Según Jaime Concheiro, socio de CCS Abogados, "la tardanza en la presentación de las demandas tramitadas por CCS Abogados, respecto de otros bufetes, ha obedecido a la gran complejidad de la prueba pericial debido la ingente cantidad de datos de precios de venta de vehículos que era necesario tratar y analizar para poder llegar a los resultados obtenidos. Para tener una mayor fiabilidad, estos resultados también han sido contrastados y confirmados por los resultados obtenidos por otros equipos periciales que actúan en diferentes países europeos".

Este proceso legal se inició en 2016 cuando la Comisión Europea anunció la imposición de una multa de más de 2.926 millones de euros a los seis principales fabricantes de camiones DAF, Daimler-Mercedes, Iveco, Renault-Volvo, Scania y MAN. Esta última se acogió al programa de clemencia y quedó excluida de la multa por haber denunciado las prácticas infractoras del cártel. La sanción fue impuesta por Bruselas al grupo de fabricantes por haber pactado los precios de venta de los camiones entre los años 1997-2011, por haber obstaculizado la introducción de nuevas tecnologías en materia de emisiones y por haber repercutido a los compradores los costes de aplicación de dichas tecnologías, tratándose de una de las mayores multas impuestas por Bruselas de este tipo.

Te puede interesar

Los fabricantes, a excepción de Scania, reconocieron su implicación en el caso, que duró catorce años, por lo que el Ejecutivo comunitario aceptó reducir un 10% las multas sobre la sanción inicial e incluso perdonar totalmente la impuesta a MAN, empresa que confesó la existencia del pacto.

Por su parte, el fabricante sueco Scania, al que Bruselas sancionó con 880 millones de euros, rechazó "firmemente" y apeló la multa tras asegurar que ha cooperado "plenamente" con el organismo europeo proporcionándole la información y la explicaciones solicitadas durante todo el periodo de investigación.

Temas

Camiones