Conflicto laboral
Los sindicatoos de Vodafone convocan 10 días de huelga en la recta final del ERE
Los representantes de los trabajadores de Vodafone han convocado diez jornadas de huelga total, coincidiendo con la recta final de las negociaciones del expediente de regulación de empleo (ERE), cuyo plazo vence el 24 de febrero. Los sindicatos CCOO y UGT han fijado paros los próximos 11, 13, 18 y 20 de febrero, mientras que STC ha convocado 10 días de huelga, del 11 al 22 del mismos mes de manera ininterrumpida. La convocatoria de paros llega tras una mediación fallida en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) y con el objetivo de presionar a la multinacional para conseguir mejores condiciones en el proceso de despido colectivo, dentro del que actualmente está previsto que cesen un máximo de 1.200 de la compañía en España.
"Nos sorprende que después de cada ERE exista un repunte de ingresos y de plantilla. Lo que nos hace pensar que quizá a las medidas que se toman para adaptarse al mercado no se les da suficiente tiempo para ver los resultados, tal como ya indicamos en el ERE anterior", afirmó CCOO en un comunicado tras la reunión de negociación mantenida el pasado jueves. La multinacional presentó los resultados del tercer trimestre de su año fiscal, en el que registró un descenso de ingresos del 7%, aunque los números del mes de diciembre denotan un freno en la caída comercial y un aumentó en 8.000 clientes de contrato de telefonía móvil y 6.500 de portabilidad fija. Las divisiones relacionadas con los servicios de televisión también crecieron.
El objetivo formal de la huelga convocada por las centrales, según consta en el escrito de solicitud de mediación en el SIMA, es que Vodafone retire el proceso de despido colectivo. Fuentes de UGT han afirmado que su propuesta de mínimos sería reorientar la negociación para eliminar los despidos y centrarse en un proceso de bajas incentivadas, que permitirían a la empresa reestructurar su negocio y a los trabajadores que prefieran salir, hacerlo con unas condiciones óptimas. Las centrales consideran que las cifras puestas encima de la última mesa de negociación, de indemnizaciones de 32 días por año trabajado, con un máximo de 20 mensualidades, son inaceptables.
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