Hoteles, municipios e inmobiliarias, contra alquileres turísticos

Todos recordamos las imágenes de aquellas películas de los años 60, en las que familias españolas al completo, cargaban su Seat 600 con decenas de maletas, y ponían rumbo a destinos de moda como Benidorm, para disfrutar del turismo de sol y de playa. A principios de esta década el número de visitantes en toda España superó según datos del Ministerio de Turismo, los seis millones. 10 años más tarde esa cifra se había cuadruplicado, hasta los 24 millones. Con los beneficios del Plan de Estabilización (1959) arrancaba un nuevo modelo de negocio turístico en nuestro país, con el que los hoteles se coronaron como soberanos.

60 años después, han visto tambalear su hegemonía con la llegada de los alquileres de viviendas de uso turístico, de la mano de plataformas como Booking, Airbnb o Homeaway. Un fenómeno sin precedentes, que algunos señalan como la causa de que los precios de los alquileres se hayan inflado de forma descontrolada, y de generar la migración de vecinos tradicionales que no pueden competir con un mercado fuera de control.

“Las ciudades en España no tienen la misma capacidad de respuesta que tienen en Europa. Tan solo en Málaga, hemos pasado de 500.000 visitantes en el año 2009, a 4 millones y medio en la actualidad”, nos comenta Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, durante la jornada inmobiliaria 5 Real State, organizada por el IESE Business School.

“La ‘turismofobia’ se está produciendo en las ciudades”

“España es un país con un limitadisimo parque de vivienda en alquiler”, nos cuenta Concha Osácar, socia fundadora de Azora. “España necesita un millón y medio más de viviendas, y el año pasado se construyeron solo 6.000 viviendas protegidas. Esta falta de oferta está llevando a que toda la presión se centre  sobre el mercado libre, que está en manos de particulares. Hace falta colaboración entre el ámbito público y privado, y proteger a los colectivos más vulnerables”, añade.

“Cuando no hay regulación y orden se generan los fenómenos que estamos viviendo en las ciudades, y que no ocurre en los destinos vacacionales”, añade Simón Pedro Barceló, copresidente de Barceló Group. “El problema surge cuando se lleva esta actividad turística al tercer piso de un bloque plurifamiliar, y eso no es defensa del consumidor”, comenta. “Hay turismofobia, y se está produciendo en las ciudades. Estamos viendo en los últimos años como se expulsa al residente de estas zonas tradicionales porque se están transformando en turisticas”, añade. “Y este ‘todo vale’, pone en peligro la percepción que hay de españa como destino de calidad”, comenta.

“Hace falta buscar financiación internacional e institucional”

“Apenas hay partida estatal de financiación”, comenta Concha Ósacar. “De 1600 millones de euros que había de financiación al año, en los últimos dos, no llega a 600 millones de euros. Hace falta buscar financiación internacional e institucional, además de hacer normativas de colaboración pública y privada”, añade.

“Al final se tiene que llevar esta reflexión a  la sociedad, y los ciudadanos deben decidir votando a sus representantes cuál es el modelo que quieren”, apunta Simón Pedro Barceló. “Hay que procurar una regulación. En Andalucía este tipo de turismo no se considera una actividad económica, y no puede ser que esta actividad tenga un paraíso fiscal, debe haber un control que sea transparente. Hay un vacío a nivel nacional y a nivel regional”, añade Francisco de la Torre.

“Desde Airbnb estamos para acatar la normativa”

Las plataformas de alquiler turístico vacacional, están nadando en una especie de caleidoscopio de distintas normativas creadas por las distintas Comunidades Autónomas. No hay claridad. Y la opinión de los consistorios, choca con la legalidad. La CNMC dio el pasado año la razón a estas plataformas, y hace unas semanas el Tribunal Supremo, sentaba jurisprudencia anulando la decisión del gobierno de Canarias de vetar las viviendas vacacionales en las zonas turísticas.

Mientras la polémica continúa, Airbnb sigue creciendo. En sus diez años de vida tiene una oferta de más de 5 millones de propiedades, distribuidas en más de 192 países a lo largo del mundo, teniendo presencia en más de 80.000 ciudades.

“Nosotros estamos para acatar la normativa, y si se decide que los apartamentos turísticos se regulen a través de las Comunidades Autónomas, tenemos que convivir con eso”, comenta Armando Muñoz, director general de España y Portugal Airbnb. “Hace 10 años no existía la figura de un ciudadano que ponía sus activos a disposición de las personas. El mundo ha cambiado, y muy rápido, y a veces las normativas se quedan obsoletas”, añade. “Si miro ciudades como Madrid o Barcelona, el 20% de los ciudadanos utiliza los servicios de Airbnb”, en este sentido, desde Airbnb hacen una petición a las administraciones de cara a los próximos meses: “Los datos hablan por sí solos, no les quedará más remedio que entender el fenómeno de lo que quieren sus propios votantes”.