10.001 euros: la multa por contratar internas 'en negro'

La diferencia entre hacer las cosas bien o mal, en cuanto a legalidad se refiere, tiene un coste en el caso de las trabajadoras del hogar. Concretamente 10.001 euros de sanción a cualquier empleador que se demuestre que ha mantenido una relación laboral sin declarar con una cuidadora. Así lo explica la portavoz del sindicato Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT), Mercedes Martínez, que recomienda a las trabajadoras del hogar denunciar cualquier vulneración de sus derechos laborales, se encuentren o no en situación irregular tanto a nivel residencial como a nivel de permiso de trabajo.

Según consta en el informe anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del año 2017, la última disponible, en materia de empleo en el hogar se llevaron a cabo 3.441 actuaciones, detectando un total de 2.163 infracciones por un importe total de 2,6 millones de euros. Tras estas, se afloraron un total de 353 empleos. En diciembre del 2017, el número de afiliados en el sistema especial de empleados del hogar era de 420.189 personas. La portavoz de UPIT reconoce que las actuaciones no son suficientes para reducir de manera significativa la economía sumergida en esta profesión.

"Actuamos en estos casos como en cualquier otra empresa, aunque con el gran obstáculo que representa la involabilidad del ámbito doméstico", cuenta Martínez. Para entrar en un domicilio un inspector de trabajo necesitan o bien el consentimiento expreso del titular o bien una orden judicial. El procedimiento habitual es citar a los presuntos empleadores a la sede de Inspección de Trabajo más cercana para realizar una entrevista e intentar recabar la información suficiente para acreditar la relación laboral. De resultado finalmente o no esta vía, Martínez recomienda presentar denuncia también ante el juzgado, ya que con las pruebas suficientes (transferencias bancarias, conocimiento detallado de la casa, conversaciones de whatsapp con instrucciones, etc) suele acabar en una regularización.

Hacer las cosas mal tiene un coste, aunque también lo tiene hacer las cosas bien. Las cuidadoras internas han sido uno de los colectivos beneficiados por la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a los 900 euros implementada este 1 de enero por el PSOE, pues el convenio de la dependencia establece su sueldo mínimo en el SMI. No obstante, la responsable de recursos humanos de la empresa Qida, Judith Esteban recomienda pagar por encima de esa cifra. La directiva de esta firma especializada en conectar cuidadoras profesionales con familias justifica el 'extra' para prestigiar las tareas de cuidados que estas empleadas realizan. También porque la confianza es un elemento clave en este tipo de relaciones laborales.

La diferencia entre el presupuesto necesario para contratar una interna legalmente o ilegalmente es sustancioso. Mientras la vía 'en negro' suele costar entre 700 y 800 euros, la legal requiere costear todos aquellos derechos que la gran mayoría de personas contratantes disfruta. Cotizaciones, derecho a baja por enfermedad o accidente laboral, horas de descanso, etc. La jornada que lleva a cabo una cuidadora sin declarar con disponibilidad completa durante toda la semana la deberían realizar dos personas, según explican desde Qida. El coste, entre salario y Seguridad Social, asciende mensualmente a 1.832,6 euros.