CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

La inversión en Catalunya sube al 16,8%, más cerca de lo que fija el Estatut

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, entrega el proyecto de ley de Presupuestos a la presidenta del Congreso, Ana Pastor.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, entrega el proyecto de ley de Presupuestos a la presidenta del Congreso, Ana Pastor. / periodico

Rosa María Sánchez / Pablo Allendesalazar

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El proyecto de Presupuestos del Estado para el 2019 eleva de forma importante la inversión destinada a Catalunya, que crece el 52% respecto a lo presupuestado en el 2018, hasta un total de 2.051,38 millones. Y aunque ello, en sentido estricto, no permite cumplir el compromiso del Gobierno de respetar, por primera vez, la disposición tercera del Estatut de Catalunya, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado lo contrario. "El proyecto de Presupuestos cumple con el Estatuto de Catalunya", ha dicho Montero en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados provocando la incredulidad de los grupos independentistas. [DIRECTO: Todas las noticias sobre los PGE].

Los argumentos y las cifras de la ministra no parecen haber convencido a los representantes de ERC y PDCat, cuyo voto es prácticamente imprescindible para la aprobacion de las cuentas del Gobierno. Los grupos independentistas han reiterado su "no" al proyecto del Gobierno al que además acusan de incumplir la inversión en Cataluña establecida por el Estatuto de Autonomía pese a que el Gobierno prometió que la cumplirían

ERC y PDCat

A los socialistas "se les llena la boca continuamente con la defensa del Estatut" pero el Ejecutivo incumple todavía la disposición edicional tercera del mismo, que exige una inversión en la comunidad equivalente a su proporción en el PIB del Estado, ha criticado el diputado de ERC Gabriel Rufian. "Parece" que la previsión del Estatut sobre inversiones en Cataluña "se vuelve a incumplir", ha dicho en un tono más prudente Carles Campuzano (PDCat) antes de recordar que lo que exige su grupo es "una propuesta política para avanzar en la solución del conflicto político en Catalunya"

La ministra Montero, ha confiado en que el análisis pormenorizado de las cifras muestre a estos grupos las ventajas de estas cuentas también para los ciudadanos catalanes y ha hecho referencia a los sucesivos cambios de ánimo de los independistas, en relación a los Presupuestos del Estado. "La decisión final (de ERC y PDCat) no la sabremos hasta el momento de la votación", ha dicho la ministra antes de volver a apelar a los grupos de PP y "sobre todo de Ciudadanos" para que "al menos se abstengan en la votación".

Porcentajes discrepantes

Según la disposición adicional tercera del Estatut de Catalunya, que no se ha cumplido nunca desde su aprobación en el 2009, la inversión territorializada del Estado en Catalunya debe ser equivalente al peso de la comunidad en el PIB. Este se ha situado en los últimos años en el entorno del 18%, si bien en el 2017 alcanzó el 19,2%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según las cifras presentadas este lunes por la ministra de Hacienda en el Congreso de los Diputados, las Cuentas para el 2019 presupuestan una inversión del Estado para Catalunya de 2.051,38 millones, equivalente al 16,8% del total de inversión territorializada del Estado para el año próximo.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sin embargo, añade a esta cifra 200 millones de transferencia de capital del Estado a favor de la Generalitat (hasta un total de 2.251,38 millones), de modo que, según sus cálculos, la participación de Catalunya en la inversión territorializada del Estado se elevaría al 18,5% del total (aunque en realidad sería el 18,2%). Así, "se da cumplimiento al Estatuto de Catalunya", ha afirmado la ministra de forma tajante en la rueda de prensa de presentacion del proyecto de ley en el Congreso de los Diputados. "El 18,5% o el 19% son cifras similares", ha añadido antes de asegurar que hay "posibilidad de mejora" en esa partida durante el trámite parlamentario, pero también en otras.

Sentencia del Supremo

Lo cierto es que los 200 millones de inversión adicional al que se refiere la ministra nacen de la necesidad de cumplir la sentencia 1668/2017 del Tribunal Supremo  que cifró en 759 millones de euros las cantidades pendientes de inversión en infraestructuras en Catalunya por incumplimiento en el pasado de la citada disposición adicional tercera del Estatut.  El Gobierno de Pedro Sánchez pretende ir cumpliendo esta sentencia en sucesivos Presupuestos, empezando por 200 millones en el 2019, según avanzó el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en el Senado.

A partir de esta interpretación, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sostiene que el proyecto de Presupuestos "da cumplimiento al Estatuto de Catalunya".

Andalucía, Extremadura y Valencia

También, según la ministra, se han cumplido las disposiciones estatutarias de Andalucía, Extremadura y Valencia al asignar a cada uno de estos territorios una participacipación en la inversión estatal del 17,5%, del 4% y del 9,8% respectivamente, en línea con el peso de la población de cada una de estas comunidades.

Las últimas cuentas del PP, del 2018, asignaron a Catalunya 1.349,59 millones de inversión estatal territorializada (el 13,3% del total), una cantidad que quedó unos 476 millones por debajo de lo que hubiera supuesto aplicar la disposición tercera del Estatut.

Antídoto contra el extremismo

La ministra ha defendido que las cuentas públicas ayudarán a "construir un pais más justo y suponen el mejor dique que se puede levantar contra los extremismos", en indirecta referencia Vox. Sus objetivos, ha sostenido, son fomentar un crecimiento "más inteligente e inclusivo", reforzar las políticas sociales tras "una década" de recortes, y continuar el proceso de reducción de la deuda y el déficit para cumplir con Europa. Su mayores beneficiarios, ha defendido, serán las clases medias, los niños, los jóvenes y los pensionistas.

El techo de gasto se elevará un 4,4%, hasta los 125.064 millones, a pesar del bloqueo del PP y Ciudadanos a la senda de déficit más laxa propuesta por el Gobierno (las cuentas se han realizado a partir de un desfase del 1,3% en lugar del 1,8%, lo que resta un margen fiscal de 6.200 millones, aunque si finalmente se aprueba la nueva senda se hará una ejecuvión "más relajada" de las cuentas). El gasto social supone el 57% del total. Hacienda ha admitido, en cualquier caso, que algunas partidas de gasto, como algunos medidas de ingresos, no entrarán en vigor hasta entrado el año, con lo que previsiblemente serán inferiores a lo presupuestado.

Colectivos prioritarios

La ministra ha asegurado que los mayores beneficiarios de los presupuestos serán las clases medias (ampliación del permiso de paternidad de cinco a ocho semanas y primer paso para universalizar la escuela de cero a tres años), los funcionarios (subida salarial de entre el 2,25% y el 2,75%), los menores (nuevo ingreso míunimo vital contra la pobreza infantil), los jóvenes (subida del salario mínimo a 900 euros, plan de choque por el empleo joven, aumento del 10% en las becas, fomento del alquiler y habilitación a las autonomías para reducir las tasas universitarias), los pensionistas (subida general del 1,6% a 9,5 millones de pensiones, 59,3% de incremento en el gasto en dependencia y elimación del copago farmacéutico a los jubilados con menos renta) y los parados (aumento del gasto en un 4% y recuperación del subsidio a los de entre 52 y 55 años). 

También se incrementa la partida para combatir la violencia machista (hasta los 220 millones), se eleva la inversión en I+D+i civil (5,6%), se eleva el gasto en infraestructuras (40%) y se aumenta la financiación de las comunidades autónomas y los ayuntamientos un 6,4%, hasta los 129.899 millones.  La Seguridad Social, por su parte, aumentará sus ingresos por cotizaciones un 7%, pero registrará un déficit de 18.650 millones (1,5% menos), que será cubierto con un préstamo del Tesoro de 15.164 millones, la transferencia por parte del Estado de 850 millones, y la apelación al Fondo de Garantía. La previsión de creación de empleo (236.000) no coincide con la del Ministerio de Trabajo (400.000), pero Montero ha asegurado que son cifras "aproximatorias" y que la buena es la segunda.

Para financiar el mayor gasto, el Gobierno estima que los ingresos se incrementarán hasta los 227.356 millones (el 9,5% más o el 7,3% se se elimina el efecto del adelanto de un mes del IVA del 2020). Frente a quienes consideran esta previsión hincada, Montero ha defendido que es una estimación "más creible" que las de su antecesor, Cristóbal Montoro, que estimó una subida media del 7,1% durante su mandato, con una desviación media entre los ingresos presupuestados y liquidados de 5.100 millones por años. La presión fiscal aumentará un punto, hasta el 35,5% del PIB, en línea con el objetivo del Ejecutivo de equiparla poco a poco con la media europea del 41,1%.