Los Presupuestos del 2019 ignoran las advertencias de Bruselas

El proyecto de Presupuestos del Estado aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes ignora las recomendaciones dictadas por la Comisión Europea el pasado 21 de noviembre.

La CE detectó en el plan presupuestario que el Gobierno español había remitido en octubre "riesgo de incumplir las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento" por considerar que los ingresos tributarios estaban inflados en 2.400 millones (dos décimas de PIB) y los gastos, infravalorados en 1.200 millones (una décima). Por ello exigió al Gobierno español una rectificación de las cifras. Sin embargo, el texto adoptado este viernes no modifica ni una coma respecto a las alertas lanzadas por Bruselas.

Ingresos inflados

En su informe, la CE cuestionaba sobre todo la mayor previsión de ingresos ligada a los nuevos impuestos sobre transacciones financieras y servicios digitales, a las medidas de lucha contra el fraude fiscal o a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros. A esa crítica se une que los proyectos de ley para crear los nuevos impuestos aún no han sido remitidos al Congreso de los Diputados donde la debilidad parlamentaria del Gobierno augura una incierta tramitación.

Sin embargo, lo aprobado este viernes por el Consejo de Ministros mantiene que las trece medidas tributarias previstas aportarán 5.654 millones adicionales.

En su informe, la CE a la conclusión de que el déficit español en el 2019 no se iba a ajustar el 1,8% del PIB, como pretendía el Gobierno, sino que iba a llegar al 2,1%. El Gobierno sigue haciendo caso omiso de esos cálculos con el argumento de que sus estimaciones de recaudación son certeras y que el tiempo le dará razón. Antes de la primavera del 2020 no se producirá el examen de Bruselas sobre el cumplimiento, o no, de las cuentas del 2019. Si entonces se dictamina una desviación significativa de la senda de estabilidad, España podría ser objeto de un procedimiento de infracción y multa.

Ajuste sobrevenido

Lo que sí ha tenido que hacer Hacienda en el proyecto de Presupuestos de este viernes es incorporar nuevos ajustes para adaptarse al objetivo más exigente del 1,3%, después de que el veto del PP en el Senado tumbó definitivamente la meta del 1,8% del PIB que pretendía sacar adelante el Gobierno.

En concreto, para el Estado y la Seguridad Social, el nuevo objetivo obliga a un ajuste adicional de 3 décimas de PIB (unos 3.600 millones) que, según la ministra de Hacienda se han arañado, sobre todo, de la inversión "como siempre sucede cuando hay que hacer un mayor ajuste fiscal", lamentó el viernes.

La inversión del Estado se ha recortado en al menos 850 millones respecto al borrador de octubre. En el mismo contexto situó la ministra la decisión de subir la base máxima de cotización el 7% (para arañar otros 850 millones de recaudación) y de aumentar la cotización de los autónomos.