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pobreza energética

Familias pobres excluidas del bono social apagan la luz en Catalunya

Disparidad de criterios de renta entre las ayudas catalanas y estatales dejan centenares de hogares en el limbo

Las familias dejan de gastar electricidad por miedo a las deudas si no pagan los ayuntamientos, según las oenegés

Elisenda Colell

Manifestantes reivindican medidas contra la pobreza energética.

Manifestantes reivindican medidas contra la pobreza energética. / EL PERIÓDICO

Los ayuntamientos y entidades sociales ven temerosos la aplicación del bono social energético en Catalunya. Hace tres años que la ley catalana de pobreza energética impide que las eléctricas corten la luz a todas las familias en riesgo de exclusión residencial, pero el bono social solo cubre descuentos en la factura para los "casos más extremos". Hay miles de familias que son vulnerables, están protegidas, pero no tienen derecho a ningún descuento. "Estan dejando de consumir", alerta Susanna Roig, responsable del grupo de vivienda de la Taula d'Entitats del Tercer Sector.

La ley catalana de pobreza energética es la más garantista del estado: define como vulnerables las personas que viven solas y cobran menos de 1.200 euros al mes, las familias con hijos a cargo que ingresan menos de 2.000 euros o menos de 3.000 si también constan en el hogar grandes dependientes o personas con discapacidad. En cambio, los criterios de renta del nuevo bono social son inferiores. Prevén descuentos en la factura a las personas solas que cobran menos de 941 euros al mes, y las familias con hijos que ingresan menos de 1.500. 

El Ayuntamiento de Barcelona calcula que el 43% de familias que protege la ley catalana pueden quedar fuera de estas ayudas del estado. En Sabadell, el concejal Gabriel Fernández estima que van a ser el 66%, alrededor de 1.300 hogares. Estas personas seguirán consumiendo luz, tienen el derecho al suministro tal y como catalogan los Servicios Sociales, pero tendrán que pagar el precio de toda la factura entera. "O pagan los ayuntamientos, o estas familias empiezan a acumular deuda que puede llegar a los mil euros anuales", explica Roig.

Hay municipios que no se pueden hacer cargo de todo este coste. Es el caso del ayuntamiento de Sabadell, que además tampoco accede a los fondos reservados del Área Metropolitana. "Hasta que las eléctricas no firmen los convenios para asumir parte de la deuda, no pagaremos ni un euro", dice Fernández. El concejal espera que las eléctricas cedan a su presión. En la misma linea trabaja el ayuntamiento de Barcelona, aunque si que paga facturas de los casos "más graves".

En cualquier caso, las familias que creían que estaban protegidas han empezado a dejar de gastar electricidad. Lo confirma la representante de las entidades sociales, Susanna Roig. "Estas personas vulnerables se están dando cuenta de que su deuda va a crecer. Aún estar protegidas por los servicios sociales apagan la luz, usan velas y se calientan con mantas". Un efecto perverso que está dejando la ley catalana más garantista en papel mojado.