El Gobierno intentará recuperar el subsidio para parados mayores de 52 años vía presupuestos

El Gobierno de Pedro Sánchez priorizará la vía de los presupuestos para volver a bajar hasta los 52 años el subsidio para parados de larga duración. Así lo ha afirmado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes. El Gobierno de Mariano Rajoy la restringió hasta los 55 años y el equipo de Pedro Sánchez la asumió como un compromiso a revertir, hasta el punto que anteriormente ya se había conjurado a volver a bajar la edad de acceso hayan o no hayan presupuestos finalmente.    

La recuperación de dicha prestación, según afirman desde el Ministerio de Trabajo, beneficiaría a 114.000 personas, que se sumarían a los 250.000 actuales beneficiarios, y supondría un coste anual para las arcas públicas de 330 millones de euros. Esta está concebida para desempleados de larga duración que haya agotado el resto de prestaciones y de los que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) pueda acreditar que se encuentran en un proceso de activa búsqueda de trabajo. También deben haber cotizado por desempleo un mínimo de 6 años a lo largo de su vida laboral.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez no solo ha rebajado los requisitos de acceso por la vía de la edad, sino que también lo ha hecho a través de la redefinición del cálculo del concepto de "carestía". El SEPE describe en su página web dicho término como "carecer de rentas de cualquier naturaleza que en cómputo mensual sean superiores al 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraodinarias".

Si el PP determinaba la renta en función de los ingresos de la unidad familiar, la reforma del PSOE ha rebajado ese requisito por la vía de calcularlo en función de la renta individual. Así, si dentro de una unidad familiar un parado de larga duración sin más prestaciones convive con más personas con ingresos, ello no impedirá que perciba la prestación y preservará así cierta autonomía financiera. E indirectamente, con la subida del salario mínimo interprofesional, ese umbral del 75% también amplía la potencial base de desempleados en carestía.