La Autoridad Fiscal propone traspasar al Estado el déficit de la Seguridad Social

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) presentó este miércoles una propuesta de reforma de la Seguridad Social para asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y la cuantía actual de las prestaciones. En la práctica, la propuesta pasa por trasladar al Estado el agujero crónico de las cuentas de la Seguridad Social al tiempo que se frenan las prejubilaciones y se aumenta el periodo de cálculo de las prestaciones.

La propuesta de esta suerte de 'reforma indolora' presentada este miércoles se asienta sobre cuatro medidas. 

A corto plazo, se plantea reducir en 3,5 puntos la cotización por desempleo y aumentar en la misma medida la destinada a financiar las pensiones. También a corto plazo se plantea traspasar al Estado el gasto social ligado a ayudas asistenciales por desempleo, a prestaciones por maternidad y patermidad y a incentivos a la creación de empleo.

A medio plazo se plantea frenar las prejubilaciones y acercar la edad real de jubilación a la edad legal. Para el 2027, cuando la edad legal de jubilación será de 67 años, se prevé que la edad real será de 64,5 años. Lo que plantea la Airef es reducir esta brecha de 2,5 años. Además, la segunda reforma que se plantea a medio plazo consiste en alargar de 25 a 35 años cotizados el periodo para el cálculo de la prestación.

Estos cuatro pilares, según los cálculos de la Airef, permitirían compensar la decisión política del Pacto de Toledo de actualizar la cuantía de las pensiones de acuerdo al IPC y enterrar el anterior índice de revalorización de las pensiones que limitaba la subida al 0,25%.

'Ok' al factor de sostenibilidad

Visto así, la Airef parece haber llegado a la conclusión de que sí es posible actualizar las pensiones de acuerdo a la inflación y mantener un nivel de prestaciones similar al actual si a corto plazo se endosa al Estado el déficit actual del sistema y, a medio plazo, se aborda una "profundización en las reformas paramétricas de 2011" (edad de jubilación y periodo de cálculo). El planteamiento de la Airef, además, parte del hecho de que en el futuro se aplicará el factor de sostenibilidad diseñado por el Gobierno del PP (año 2013) para adecuar la cuantía inicial de las pensiones a la esperanza de vida.

Esta reforma ‘indolora’ de las pensiones, sin embargo, pasa por el hecho de que sea el Estado quien asuma el déficit estructural de la Seguridad Social, que se sitúa entre el 1,3% y el 1,5% del PIB (entre 14.500 y 16.800 millones de euros actuales). 

Desde el punto de vista de la Airef, es el Estado quien dispone de “palancas” para poder afrontar una situación de déficit público, ya sea por la vía de los impuestos o por la de los gastos.

Acabar con la incertidumbre

Además, según la Airef, una operación de este tipo "reduciría la incertidumbre sobre la situación financiera a corto plazo" de la Seguridad Social. “Es factible y deseable mediante ajustes de ingresos y gastos entre subsectores, que este déficit de la Seguridad Social se cierre por completo y se visualice como un déficit de la administración central”, asegura la Airef en su documento de opinión difundido este miércoles. “Con ello, la corrección del déficit estructural debería abordarse dede la administración central, con sus propias palancas”, se añade.

Las cifras

En el fondo, se trata en primer lugar de trasladar al Estado todos los gastos de estímulo a la creación de empleo en forma de reducciones a la cotización y subvenciones, las prestaciones por maternidad y paternidad y los gastos de funcionamiento (unos 7.000 millones de euros en total). 

En segundo lugar, que la cotización por desempleo baje entre tres y cuatro puntos, respecto del 7,1% actual, para situarse en la media europea. Y en tercer lugar, que esa menor cotización por desempleo se convierta en una mayor aportación al sistema de pensiones (actualmente, del 28,3%), de manera que el total se mantenga en torno al porcentaje actual del 35,4%.

De este modo, las cuentas de la Seguridad Social se aliviarían en unos 17.400 millones en forma de un menor gasto (7.000 millones) y de mayores ingresos por cuotas (10.400 millones)r. A cambio, el Estado tendría que encajar un déficit adicional de alrededor de unos 16.000 millones que debería atajar con subidas de impuestos o recortes de gastos.

A medio plazo, se estima que cada año de aumento de la edad efectiva de jubilación supone un ahorro de 0,4 puntos de PIB y una mejora de la cuantía de la pensión. Además, alargar de 25 a 35 años el periodo de cálculo de la pensión permitiría otro ahorro, equivalente a 0,5 puntos de PIB, en el horizonte del 2050, según los cálculos de la Airef.

Con estas reformas la actual relación entre pensión media y salario medio (del 57%) tendría un leve retroceso en el horizonte del 2048 (se podría situar entre el 53% y el 57%), en todo caso mucho más suave del que se desprendería de seguir aplicando el índice de revalorización del 0,25%, que situaría la tasa de cobertura de la prestación por jubilación en el 45% del sueldo medio dentro de 30 años, siempre según las proyecciones de la Airef.