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ENERGÍA

Santander, CaixaBank y Bankia reclaman 1.350 millones del Castor

Los bancos recurren ante el Tribunal Supremo para recuperar el capital que aportaron para facilitar el cierre del almacen submarino de gas

M. Jiménez Botías

La plataforma Castor, en una imagen tomada en octubre del 2013.

La plataforma Castor, en una imagen tomada en octubre del 2013. / joan revillas

Banco SantanderCaixaBank Bankia han presentado ante el Tribunal Supremo (TS) una demanda contra el Estado por los 1.350 millones de euros que aportaron para facilitar el cierre del almacén submarino de gas Castor y que el Gobierno se comprometió a devolver en 30 años, "más los daños causados". El pasado mes de abril, las tres entidades presentaron una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado, que se hizo efectiva mediante una reclamación ante el Consejo de Ministros del Gobierno del PP. La reclamación no obtuvo otra respuesta que el silencio administrativo, por lo que se entiende desestimada y cabe ahora la posibilidad de recurso.

Ahora, recurren por los "los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la pérdida de las inversiones realizadas por ellos tras la declaración de inconstitucionalidad parcial de un real decreto ley, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares.

Las entidades decidieron presentar la reclamación al Gobierno después de que el Tribunal Constitucional declarara nulos varios artículos del real decreto ley que permitió a Escal UGS, empresa controlada por ACS, cobrar una indemnización por la paralización del almacén de gas; a continuación, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dejó de reembolsar lo financiado por Santander, CaixaBank y Bankia.

Los bancos entienden que esta decisión judicial no debe ocasionar ninguna pérdida a quien ha financiado a los poderes públicos para facilitar una medida de interés general, ya que, de no ser así, el poder público se beneficiaría de la inconstitucionalidad a su costa, puesto que desembolsaron más de 1.350 millones para financiar el cierre del almacén. "La alegitimación activo de los bancos para interponer el presente recursos deriva de que éstos  han sufrido daños y perjuicios como consecuencia de las inversiones realizadas por ellos", en cumplimiento del real decreto-ley anulado por el Tribunal Constitucional.

Seismos en la explotación

Esas  pérdidas fueron consecuencia de una serie de seísmos que despertaron alarma social entre los vecinos de las provincias de Castellón y Tarragona. En septiembre de 2013, el Ejecutivo suspendió la actividad del almacén de gas tras los seísmos registrados en la zona; cuatro años después, el Tribunal Constitucional anuló la indemnización de 1.350,7 millones de euros concedida a Escal UGS por la hibernación del proyecto. 

Según la sentencia, los preceptos anulados por la citada sentencia creaban un derecho de cobro a favor de los bancos, con cargo al sistema gas¿sistico, por valor de los 1.350 millones, que debía ser pagados en 30 años. "La desaparción del derecho de cobro como consecuencia de la incosntitucionalidad paracial del decreto-ley ha provocado (a los bancos) perjuicios que son, fundamentalmente, de tipo de orden económico".

Tras la decisión del Supremo también se dejaron de abonar los pagos a Enagás por el mantenimiento de la instalación. De hehco, el Supremo obligó a devolver a los consumidores de gas los 18 millones de euros por mantenimiento y operatividad de Enagás.

Presión europea

A finales de abril del 2015, el Parlamento Europeo instó a la Comisión Europea y al Banco Europeo de Inversiones (BEI) a que tomaran medidas para evitar que los ciudadanos españoles tuvieran que abonar las compensaciones por un proyecto precedido "de una evaluación desastrosa". En el 2017, el Constitucional avaló la decisión de la Eurocámara. La cuantía de la compensación se debía incluir en la factura que que los consumidores tenían que abonar en su factura del gas durante 30 años. La cantidad total, en caso de pagarse durante todo el periodo previsto, llegaría en realidad a 4.700 millones, si se incluyen los intereses y demás cargas.

El Banco Santander, CaixaBank y Bankia son las entidades que cuentan con los derechos de cobro de esa deuda, con un interés anual del 4,27%. Ese sistema suponía un encarecimiento medio del recibo del gas de unos dos euros mensuales. La cantidad total en realidad ascendería a unos 4.700 millones de euros como consecuencia de los intereses durante el plazo previsto, lo que supondría multiplicar por 3,5 veces la cantidad inicial. 

Un depósito que generó una crisis sísmica en Tarragona y Castellón

La plataforma Castor se levantó para explotar un antiguo depósito natural de petróleo situado bajo el lecho marino a unos 21 kilómetros de la costa de Vinaròs (Castellón). El objetivo era disponer de un lugar donde almacenar grandes cantidades de gas para luego poder extraerlo con rapidez en épocas de gran demanda y poca disponibilidad. Así se evitarían grandes fluctuaciones en el precio del combustible. 

El Castor era propiedad de la empresa Escal UGS, participada en un 66,67% por ACS, la constructora cuyo máximo accionista es el actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. El resto era de la empresa canadiense CLP. Además de la plataforma de inyección y extracción en el mar, el Castor incluía también una conducción submarina y una estación de procesamiento en Vinaròs.

El proyecto fue aprobado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en mayo de 2008 y las primeras operaciones comenzaron en abril del 2012. Se trataba de inyectar gas a presión, poco a poco, para desplazar el agua que en esos momentos ocupaba el depósito submarino. Al principio no hubo problemas, pero las cosas cambiaron cuando el depósito comenzó a llenarse. La operación empezó el 14 de junio del 2013 con la introducción de gas "colchón". A partir de septiembre del mismo año, tras seis meses de inyección de gas, empezó una crisis sísmica que generó cerca de un millar de temblores. Los tres mayores, percibidos con claridad por los habitantes de las localidades más próximas, como Vinaròs, Benicarló y Alcanar, tuvieron una magnitud de 4 o más en las escala de Richter y sembraron la intranquilidad entre los vecinos. 

El 16 de septiembre del 2013, el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, ordenó paralizar los trabajos al constatarse, según el dictamen científico, su clara relación con los seísmos.