Santander, CaixaBank y Bankia reclaman 1.350 millones del Castor

Banco Santander, CaixaBank y Bankia han presentado ante el Tribunal Supremo (TS) una demanda contra el Estado por los 1.350 millones de euros que aportaron para facilitar el cierre del almacén submarino de gas Castor y que el Gobierno se comprometió a devolver en 30 años, "más los daños causados". El pasado mes de abril, las tres entidades presentaron una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado, que se hizo efectiva mediante una reclamación ante el Consejo de Ministros del Gobierno del PP. La reclamación no obtuvo otra respuesta que el silencio administrativo, por lo que se entiende desestimada y cabe ahora la posibilidad de recurso.

Ahora, recurren por los "los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la pérdida de las inversiones realizadas por ellos tras la declaración de inconstitucionalidad parcial de un real decreto ley, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares.

Las entidades decidieron presentar la reclamación al Gobierno después de que el Tribunal Constitucional declarara nulos varios artículos del real decreto ley que permitió a Escal UGS, empresa controlada por ACS, cobrar una indemnización por la paralización del almacén de gas; a continuación, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dejó de reembolsar lo financiado por Santander, CaixaBank y Bankia.

Los bancos entienden que esta decisión judicial no debe ocasionar ninguna pérdida a quien ha financiado a los poderes públicos para facilitar una medida de interés general, ya que, de no ser así, el poder público se beneficiaría de la inconstitucionalidad a su costa, puesto que desembolsaron más de 1.350 millones para financiar el cierre del almacén. "La alegitimación activo de los bancos para interponer el presente recursos deriva de que éstos  han sufrido daños y perjuicios como consecuencia de las inversiones realizadas por ellos", en cumplimiento del real decreto-ley anulado por el Tribunal Constitucional.

Seismos en la explotación

Esas  pérdidas fueron consecuencia de una serie de seísmos que despertaron alarma social entre los vecinos de las provincias de Castellón y Tarragona. En septiembre de 2013, el Ejecutivo suspendió la actividad del almacén de gas tras los seísmos registrados en la zona; cuatro años después, <strong>el Tribunal Constitucional anuló la indemnización de 1.350,7 millones de euros</strong> concedida a Escal UGS por la hibernación del proyecto. 

Según la sentencia, los preceptos anulados por la citada sentencia creaban un derecho de cobro a favor de los bancos, con cargo al sistema gas¿sistico, por valor de los 1.350 millones, que debía ser pagados en 30 años. "La desaparción del derecho de cobro como consecuencia de la incosntitucionalidad paracial del decreto-ley ha provocado (a los bancos) perjuicios que son, fundamentalmente, de tipo de orden económico".

Tras la decisión del Supremo también se dejaron de abonar los pagos a Enagás por el mantenimiento de la instalación. De hehco, el Supremo obligó a devolver a los consumidores de gas los 18 millones de euros por mantenimiento y operatividad de Enagás.

Presión europea

A finales de abril del 2015, el Parlamento Europeo instó a la Comisión Europea y al Banco Europeo de Inversiones (BEI) a que tomaran medidas para evitar que los ciudadanos españoles tuvieran que abonar las compensaciones por un proyecto precedido "de una evaluación desastrosa". En el 2017, el Constitucional avaló la decisión de la Eurocámara. La cuantía de la compensación se debía incluir en la factura que que los consumidores tenían que abonar en su factura del gas durante 30 años. La cantidad total, en caso de pagarse durante todo el periodo previsto, llegaría en realidad a 4.700 millones, si se incluyen los intereses y demás cargas.

El Banco Santander, CaixaBank y Bankia son las entidades que cuentan con los derechos de cobro de esa deuda, con un interés anual del 4,27%. Ese sistema suponía un encarecimiento medio del recibo del gas de unos dos euros mensuales. La cantidad total en realidad ascendería a unos 4.700 millones de euros como consecuencia de los intereses durante el plazo previsto, lo que supondría multiplicar por 3,5 veces la cantidad inicial.