Montero asume las duras sanciones del PP contra bienes en el extranjero no declarados

La ministra de Hacienda socialista, María Jesús Montero, ha asumido la dureza del régimen sancionador que su antecesor Cristóbal Montoro diseñó para el incumplimiento de la obligación de declarar bienes y derechos en el extranjero, a través del ‘modelo 720’ que creó la ley antifraude del 2012

El anteproyecto de ley de medidas antifraude de la ministra María Jesús Montero, sometido a información pública el pasado 23 de octubre, no solo reproduce el sistema de recargos, multas y sanciones que la Comisión Europea amenaza con llevar al Tribunal de Justicia Europeo. Además, el anteproyecto socialista amplía la obligación de declarar bienes y derechos en el extranjero a la tenencia de monedas virtuales fuera de España. 

El Gobierno de Mariano Rajoy desatendió en el 2017 la exigencia de la Comisión Europea de suavizar en el plazo de dos meses el régimen sancionador “discriminatorio y desproporcionado” vinculado a esta potente herramienta contra la ocultación de bienes en el extranjero que, entre otras cuestiones, había servido para perseguir el fraude fiscal de contribuyentes como Rodrigo Rato, Jordi Pujol o Mario Conde o para investigar los llamados ‘Papeles de Panamá’.

En los últimos días ha salido a la luz el durísimo dictamen que el comisario de Economía, Pierre Moscovici, remitió al Gobierno de Rajoy el 15 de febrero del 2017, del que entonces solo se conocieron las líneas generales.

Según se ha sabido ahora, en ese dictamen la Comisión Europea considera que el régimen sancionador del ‘modelo 720’, además de “discriminatorio y desproporcionado”,  vulnera nada menos que cinco libertades comunitarias. En concreto cita la libre circulación de personas, la libre circulación de trabajadores, la libertad de establecimiento, la libre prestación de servicios y la libre circulación de capitales. El texto es “absolutamente demoledor”, valora el abogado Alejandro del Campo, del despacho DMS Consulting que en febrero del 2013 denunció el régimen sancionador del modelo 720 ante la Comisión Europea.

Multas confiscatorias

El régimen sancionador que tantos réditos ha dado a la Agencia Tributaria en términos de lucha contra el fraude establece multas que pueden llegar a superar el valor del 100% de los depósitos bancarios, los inmuebles o los bienes en el extranjero no declarados, o declarados voluntariamente fuera de plazo. Además, se establece que la no tributación por estos bienes no prescribe nunca.

Ahora el anteproyecto socialista de medidas contra el fraude fiscal reproduce literalmente las multas de 5.000 euros por cada dato no declarado o inexacto. Además, de forma tácita, se mantiene la no prescripción de los bienes no declarados y la sanción de hasta el 150% de la deuda tributaria vinculada a estos bienes.

Desde el actual Ministerio de Hacienda se interpreta el dictamen de febrero del 2017 de la Comisión Europea como parte de un proceso habitual de intercambio de información con un Estado miembro. Y se hace notar que el proceso abierto por la Comisión Europea sobre el modelo 720 no ha concluido aún y que la CE aún no ha decidido si archiva el expediente o si acude al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Los dos puntos de vista

Desde el punto de vista de la CE, el sistema sancionador vinculado al incumplimiento de declarar bienes y derechos en el extranjero es “discriminatorio” respecto de ese mismo incumplimiento vinculado al interior del país. Por ejemplo, con carácter general no presentar una declaración fiscal conlleva una multa de 200 euros de la Agencia Tributaria; esta multa es 50 veces superior en el caso del ‘modelo 720’ (10.000 euros).

A partir de este tipo de comparaciones, la CE llega a la conclusión de que un contribuyente que invierte en España está en mejores condiciones que otro que invierta fuera y que eso “puede influir negativamente en la decisión de invertir en el extranjero o en las decisiones de otros ciudadanos de la UE que deseen trasladarse a España”.

El Gobierno de Mariano Rajoy respondió en su día a estas consideraciones apuntando que “los instrumentos jurídicos de la UE para el intercambio de información entre autoridades tributarias no garantizan la obtención de la información solicitada mediante el modelo 720”  y que ante esta “incapacidad de la Administración Tributaria para ejercer su soberanía fiscal fuera de su territorio de jurisdicción” estaba justificada la necesidad de un régimen sancionador severo, garante del cumplimiento de la obligación de información en materias relacionadas con la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.

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