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Decisión 'in extremis'

El Gobierno prorroga la licencia de la plataforma petrolera Casablanca

La licencia de la única plataforma petrolífera que hay en España caducó ayer y ha sido ampliada diez años más

Sara Ledo

Vista aérea de la plataforma Casablanca.

Vista aérea de la plataforma Casablanca. / ACN

La única plataforma petrolífera que tiene España, situada en las costas de Tarragona, continuará en funcionamiento diez años más. Esa es la decisión 'in extremis' a la que ha llegado el Consejo de Ministros en su última reunión del año y tan solo unas horas después de que ayer caducase su licencia, debido a que su propietaria (Repsol) cumplía con todos los requisitos técnicos y administrativos necesarios.

Según fuentes del ministerio para la Transición Ecológica, el Ejecutivo tenía poco margen de maniobra después de que Repsol pidiese hace un año la prórroga de la licencia de Casablanca puesto que cumplía con todos los requisitos exigidos. Además, según estas mismas fuentes, el Gobierno está comprometido con la seguridad jurídica y la normativa vigente establece la concesión de la licencia por un periodo de 30 años desde 1978, más dos prórrogas de 10 años cada una. 

No obstante, según esta normativa esta podría ser la última prórroga que se le conceda. Según el borrador de la ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Gobierno no tiene intención de conceder ningún permiso nuevo de explotación o exploración de hidrocarburos y sobre las actuales concesiones indica que deberán haberse extinguido como muy tarde en el año 2040.

De no haber hecho efectiva esta continuidad, el Gobierno se podría enfrentar a una reclamación de Repsol que podría suponer en torno a entre 170 o 200 millones de euros al día en el caso de que se estableciese que tenía derecho a esta y, en consecuencia, su repercusión vía peajes en la factura de los consumidores en el futuro.

Esta plataforma extrae una cantidad bastante reducida de petróleo (entorno a 2.000 barriles diarios) con un valor anual de en torno a 40 millones de euros que afecta principalmente a las Comarcas de Tarragona. Según la Cambra de Tarragona su cierre podría hacer perder 120 empleos directos y dejar de ejecutar inversiones cercanas a los 150 millones de euros en diez años, así como contratos de servicios valorados en 16 millones de euros al año.

Temas: Repsol Petróleo