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Salida del Reino Unido de la Unión Europea

El Gobierno ultima un decreto ley para hacer frente a un 'brexit' duro

Ante una posible salida sin acuerdo del Reino Unido, la prioridad es preservar los derechos de los ciudadanos y las relaciones comerciales

España solo podrá garantizar los derechos de los británicos inscritos en el Registro de Extranjería

Rosa María Sánchez

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, conversa con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en el Senado, el pasado 11 de diciembre.

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, conversa con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en el Senado, el pasado 11 de diciembre. / David Castro

El Gobierno está ultimando el desarrollo de un decreto ley que prevé aprobar en las próximas semanas un plan de contingencia con las medidas legislativas que permitan a empresas, ciudadanos e instituciones hacer frente a la  eventualidad, ahora más cercana, de una salida abrupta del Reino Unido de la Unión Europea a partir del 29 de marzo, dentro de 93 días. La medida normativa irá acompañada de una acción muy intensa en materia de comunicación, con el lanzamiento de una página web en la que se abordarán cuestiones operativas concretas, útiles para ciudadanos y empresas, más allá de atender las “preguntas frecuentes” a las que ahora ya se intenta dar respuesta desde la Secretaría de Estado de Comercio.

Aún no está decido si el Gobierno español optará por el modelo adoptado en Francia, donde la Asamblea Nacional ha dotado de plenos poderos al Ejecutivo de Emmanuel Macron para ir gestionando a golpe de decreto las medidas necesarias en apoyo de los ciudadanos franceses en Reino Unido, de los británicos en suelo francés y de las aduanas. En Alemania se ha publicado un borrador de ley para garantizar la actividad financiera en el país de entidades británicas durante un periodo transitorio y evitar perjuicios a los clientes alemanes. 

Según fuentes de Presidencia, el Gobierno español lleva meses recibiendo de los diferentes ministerios propuestas para afrontar todas las posibles consecuencias de una salida desordenada del Reino Unido de la Unión Europea, bajo coordinación de la vicepresidenta Carmen Calvo.

Evitar señales de alarma

En su reciente comparencia en el Congreso de los Diputados, en la Comisión Mixta para la Unión Europea, el 13 de diciembre, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, se refirió a los planes de contingencia en los que está trabajando el Gobierno pero juzgó “un poco imprudente” empezar a lanzar mensajes ya que ello -dijo- crearía “una alarma innecesaria”.

Se refirió en todo caso a los trabajos coordinados de los ministerios de Interior, Empleo, Función Pública y Exteriores para garantizar en todo caso a los ciudadanos británicos el conjunto de derechos de los que disfrutan actualmente “a condición de que los españoles en Reino Unido tengan un trato recíproco”.

Para ejercer esto derechos -segun Borrell- habrá que utilizar una inscripción en el registro de extranjeros y reformar el Reglamento de Extranjería. El problema es que en la actualidad hay “varias decenas de miles” de británicos que no están registrados aún y España solo podrá reconocer a los inscritos. “A los demás, difícilmente podríamos darles el mismo trato”, admitió el titular de Exteriores. Para atajar esta circunstancia, el Gobierno españo ya ha previsto reforzar los consulados en el Reino Unido y a abrir uno nuevo en la ciudad de Manchester, así como un plan de comunicación en colaboración con la embajada británica.

En cuanto a las empresas, se prevé una nueva página web de Presidencia que permita completar las acciones informativas que viene desarrollando la Cámara de Comercio de España en coordinación con el Ministerio de Industria

Escenario agravado

Desde el pasado día 13, cuando Borrell argumentó que no convenía alarmar con el lanzamiento anticipado de planes de contingencia, hasta el momento se ha producido un agravamiento en la escena del ‘Brexit’. La posibilidad de una salida desordenada del Reino Unido de la Unión Europea se sitúa ahora en el centro de los escenarios posibles.

La primera ministra Theresa May ha retrasado hasta el 13 de enero la votación en el Parlamento del acuerdo que ella misma negoció con la Comisión Europea. Londres ha avanzado que pondrá 3.500 soldados “en alerta” en puertos y aeropuertos si hay un “bréxit” sin acuerdo. Cinco de las agrupaciones empresariales más importantes del Reino Unido se han mostrado “horrorizadas” por este futuro. Y la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa 14 propuestas legislativas concretas sobre las que articular un plan de contingencia para minimizar posibles consecuencias sobre sectores clave para los ciudadanos como el tráfico aéreo, el transporte por carretera, el comercio, las aduanas, los servicios financieros o los derechos de los ciudadanos.

Con el plan de contingencia de la Comisión Europea en marcha, el Gobierno español se prepara para lanzar el suyo de forma “inminente”, según fuentes del Ejecutivo. Hay quien interpreta, incluso, que la “alarma” -en expresión de Borrell- que puedan generar estos planes podría acabar influyendo en el ánimo de algunos diputados británicos para acabar votando a favor de la salida ordenada del Reino Unido que May pactó con la CE.

Preocupación empresarial creciente

Hace unos meses, el Bréxit despertaba una mínima preocupación en las empresas. Ahora, la preocupación va en aumento, según ha podido constatar el director de Desarrollo Corporativo de la Cámara de España, Andrés Pereda, en las numerosas charlas empresariales que está impartiendo por toda España.

“Lo más importante es que las empresas que tienen relaciones con Reino Unido o prevén tenerlas se hagan una radiografía para ver cómo puede quedar su negocio en caso de un ‘Brexit’ duro”, resume Pereda.

La mayoría de las empresas solo comercian dentro del mercado único y no están familiarizadas con los controles aduaneros y administrativos propios de las transacciones con países terceros, como Estados Unidos o Rusia.

En previsión de un ‘Brexit duro’ el Gobierno y la Cámara de Comercio trabajan en fórmulas que permitan agilizar los certificados de origen para exportar, la expedición de ‘cuadernos ATA’ para la asistencia a ferias, acelerar al  máximo la devolución del IVA, establecer mecanismos ágiles de inspección fitosanitaria.

Además, las empresas se enfrentan a incertidumbres sobre los contratos actuales, las autorizaciones y habilitaciones actuales para prestar servicios en Reino Unido, la presencia de componentes británicos en sus productos o la relación con trabajadores y profesionales británicos.

“Estamos organizando jornadas informativas en toda España conjuntamente con el Gobierno y las patronales para que las pymes se adapten a esta nueva situación generada por el Brexit. También estamos preparados para aportar a las empresas certificados de origen, cuadernos ATA y legalizar documentos en toda la red de cámaras de comercio en España”, afirma Pereda.