El Gobierno exigirá planes de transición justa a las eléctricas que cierren las centrales

El Ministerio para la Transición Ecológica exigirá a las compañías eléctricas que cierren centrales térmicas de carbón planes de transición justa que permitan dar un futuro a las zonas donde se encuentran estas plantas. El secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, se ha manifestado así tras la reunión que ha mantenido la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con los presidentes autonómicos de Asturias, Javier Fernández; Aragón, Javier Lambán, y Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que han señalado que se debe exigir responsabilidad con las zonas donde están las centrales a las eléctricas que durante años han obtenido beneficios de ellas.

Domínguez Abascal ha dicho, no obstante, que "no podemos engañarnos" y que la transición energética, que no la ha inventado la Administración General del Estado, sino que viene de normativas europeas, "la tenemos que hacer". La transición energética es una exigencia ante el calentamiento global y la necesidad de reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera que exige la Unión Europea. 

"No es el Ministerio quien pone limitaciones o diga que se tienen que cerrar. Va a haber centrales más allá del 2020", aseguró el secretario de Estado de Energía. Domínguez señaló que la reunión mantenida con los tres presidentes autonómicos estuvo marcada por "un clima de cooperación y de reconocimiento de la realidad", centrándose en el futuro y en la transformación de la minería y "no en una desaparición del sector".

Alternativa

Los tres presidentes, Javier Fernández, Javier Lambán y Juan Vicente Herrera, tras reunirse durante dos horas con Ribera, han exigido apoyos públicos para minimizar cualquier cierre. Los tres han sido contundentes en que si no existe una alternativa económica para las zonas afectadas antes de que termine la extracción y uso del carbón, la transición energética que defiende el Ministerio para cumplir las exigencias de la UE no será justa. Para ello, una de sus principales reivindicaciones es que se presione a las dueñas de las térmicas que consumen ese carbón para que no cierren en el 2020.

Las solicitudes tienen que ser autorizadas por el departamento que dirige Teresa Ribera y de ahí la reclamación a la ministra para que sea "cómplice" con la reivindicación autonómica de que se prolongue la vida de estas centrales hasta el 2030. Es el tiempo que, según los dirigentes autonómicos, puede costar poner en marcha nuevos proyectos económicos que generen empleos alternativos a los que se perderán por el final del carbón.

Cierre de la térmica de Andorra

Lambán ha sido contundente al denunciar el cierre de la térmica de Andorra por parte de Endesa, a la que ha acusado de no demostrar la responsabilidad social "que cabe exigirle a una empresa moderna del ámbito de la Europa occidental". "La ministra creo que entiende ese planteamiento y será cómplice con nosotros en esa exigencia de responsabilidades", ha afirmado. El presidente del Gobierno de Aragón ha sido exigente con la citada empresa, a la que le reclama no solo que haga las inversiones necesarias para prolongar la vida de la central, de acuerdo con los parámetros que impone Bruselas, sino también que se comprometa con la creación de alternativas económicas. Proponer energías renovables, a su juicio, no es la solución. "El sol y el viento son nuestros, no de Endesa, y tenemos empresarios aragoneses comprometidos", ha apuntado.

Según Javier Lambán, la ministra les ha mostrado "buena predisposición a hacer lo que esté en su mano" para evitar una "interrupción abrupta del carbón" sin que se haya dado paso a actividades nuevas. "Cerrar en el 2020 es incompatible con la justicia de la transición", ha insistido.

Continuar con las explotaciones

En esta misma línea se ha expresado el presidente del Gobierno de Castilla y León. Juan Vicente Herrera ha asegurado que es posible que algunos proyectos mineros puedan continuar porque son rentables y están haciendo cuentas para devolver las ayudas recibidas, como exige la UE para continuar la actividad. Así, ha dicho que es el caso de Hijos de Baldomero García, que trabaja precisamente con el Ministerio de Transición Ecológica en cómo devolver esas ayudas. "Pero hacen falta grupos térmicos que compren ese carbón. Obliguemos a las empresas a que tenga visión de Estado", ha reivindicado Herrera.

El dirigente de Castilla y León ha pedido, por otro lado, al Ministerio que tenga en cuenta también en sus negociaciones con los sindicatos de la minería a los trabajadores de las empresas auxiliares. "Y el compromiso es atenderles también", ha asegurado.

Por último, el presidente del Gobierno de Asturias, Javier Fernández, ha reclamado igualmente a la ministra colaboración para prolongar la vida de las térmicas y dar tiempo a que las economías alternativas sean fuertes. Ha explicado además otra vertiente del problema, el alza de precios de la electricidad que puede producirse por el cierre en año y medio de las térmicas, lo que en el caso de la industria asturiana es "preocupante". Javier Fernández ha subrayado que este sector necesita "fórmulas estables de precios" para asegurar a medio y largo plazo la producción.

Devolver las ayudas

En lo que respecta a las empresas mineras, para continuar con su actividad más allá del próximo 31 de diciembre deberán devolver las ayudas que recibieron, ya que así lo establece la Unión Europea. No obstante, señaló que existen ya dos empresas (la aragonesa Samca y la castellano-leonesa Hijos de Baldomero García, según indicaron los presidentes autonómicos) que han comunicado al Ministerio que están dispuestas a proceder a esta devolución de las ayudas para mantener su actividad más allá de esa fecha.

Para ello, Domínguez indicó que se están "explorando mecanismos" para flexibilizar los plazos de la devolución de las ayudas y que puedan "ser capaces de continuar con su actividad".