La subida del salario mínimo pone en jaque a los centros de trabajo especial

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI), oficializada el pasado viernes 21 de diciembre en Barcelona, ha sido una medida que mediáticamente ha conseguido levantar tanto detractores como fieles. Pocos la han criticado directamente, sino que sus contrarios han argumentado algunos de los efectos colaterales de la medida. Uno de ellos repercutirá a partir del 1 de enero en las políticas de inclusión laboral de las personas con discapacidad. 

Alrededor del 66% de los trabajadores con discapacidad, lo que equivaldría a un total de 47.366 personas, cobran en Catalunya el salario mínimo, según un reciente informe de UGT que recoge datos del INE. Lo cobran porque así están organizados los centros de trabajo especial (CET), el eje sobre el que se sustena la inclusión laboral de las personas con discapacidad y que reciben tanto fondos públicos como bonificaciones fiscales para su funcionamiento. En la gran mayoría de los casos, la Generalitat costea el 50% del salario de un trabajador de un CET.

La 'conselleria' de Treball, Afers Socials i Famílies emitió tras la aprobación de la subida del SMI un comunicado en el que alertaba del incremento de costes que ello acarrearía para estos centros. También le pidió al Gobierno una mayor financiación para para evitar que ello ponga en riesgo su viabilidad. Según datos del Departament de Treball, el presupuesto total para los CETs es de 85 millones de euros, de los cuales 50 millones provienen del Gobierno, vía Conferencia Sectorial de Empleo, y los 35 millones restantes los pone la Generalitat. "Catalunya es el único territorio que aporta fondos propios para subvencionar los CETs", afirma el Departament en su comunicado. 

Fuentes de la patronal AEES Dincat, representante de entidades sin ánimo de lucro, lo corroboran y añaden las dificultades que el actual modelo de financiamiento les reporta. Explican que el criterio según el cual la Conferencia Sectorial para el Empleo asigna los recursos públicos a las comunidades para políticas de insención laboral de las personas con discapacidad se basa en el número de personas con discapacidad de cada comunidad, no del número de trabajadores con discapacidad. Ello provoca que, aquellas que asuman mayor voluntad de inclusión, deben costear ellas mismas el sobreesfuerzo.

Esta patronal de las empresas de la economía social que trabajan con personas con discapacidad ha cifrado en 11 millones el extra que la Generalitat deberá abonarles solo para costear los salarios de los 9.700 trabajadores con "especial discapacidad" que trabajan en sus 90 CETs. Estos reciben dicha calificación cuando padecen enfermedades mentales o tienen una limitación de más del 65%. También son los que más dificultades tienen para integrase al mercado laboral directamente en una empresa, ya que sus níveles de productividad son sensiblemente más limitados que los de un trabajador sin discapacidad. 

La AEES Dincat afirma que, tras la subida del SMI, todos los 90 CETs que gestiona han tenido que rehacer sus balances con previsiones de pérdidas. "No estamos en contra de la subida, es necesaria, pero tiene que ir acompañada de políticas integrales", se lamentan.

Modelo perverso

UGT denuncia que el modelo de los centros de trabajo especiales ha acabado generando una dinámica perversa. Es decir, estos se concibieron como una plataforma formativa desde la que las personas con discapacidad adquirieran habilidades y experiencia laboral para posteriormente saltar al mercado laboral ordinario. Las empresas les pagarían un salario según convenio, aunque contarían con las pertinentes bonificaciones fiscales por su contratación y cumplirían así con la cuota mínima que les exige el artículo 42 de la ley general de derechos de las personas con discapacidad. AEES Dincat matiza la contundencia sindical, al considerar que los CETs tienen sentido de manera estable para aquellos cuyas capacidades de mejorar la empleabilidad son muy limitadas.  

El sindicato reitera que la ocupación de las personas con discapacidad se ha estancado en estos CETs y muchas empresas puentean la cuota mínima externalizando algunos servicios a través de estos centros. Al cobrar los trabajadores según el salario mínimo, la subcontratación le puede salir a un precio bajo y le permite cumplir la ley.