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Empleo

Las medidas laborales que salen del Consejo de Ministros de Barcelona

El Gobierno de Pedro Sánchez aprueba la subida del salario mínimo interprofesional, la subida de sueldo de los funcionarios y una batería de políticas de formación para ocupados

Gabriel Ubieto

Meritxell Batet e Isabel Celáa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de Barcelona.

Meritxell Batet e Isabel Celáa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de Barcelona. / ALBERT BERTRAN

El Gobierno de Pedro Sánchez ha querido escenificar en Barcelona la aprobación de una batería de medidas laborales para "blindar el Estado del Bienestar, una vez superada la crisis", según ha calificando la ministra portavoz, Isabel Celaá. Cocinadas a fuego lento durante los primeros seis meses de mandato, tanto en las mesas de negociación con las patronales y los sindicatos, como en las despachos del Congreso, los socialistas han decidido sacar del horno este 21 de diciembre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), el incremento de sueldo de los funcionarios y una batería de programas para la formación de los trabajadores. [Sigue las últimas noticias de Barcelona y Catalunya este 21 de diciembre en directo.]

Subida del salario mínimo

La subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros fue pactada con Unidos Podemos en vistas de poder articularla a través de unos nuevos presupuestos. Las mayorías parlamentarias que los puedan hacer posibles son, como mínimo, inciertas y el PSOE ha decidido acelerar la medida por la vía del real decreto. Esta ha levantado un gran revuelo mediático, pese a tener una repercusión directa relativamente minoritaria. Esta afectará, según cálculos del propio Ejecutivo, a entre 1,3 y 2,5 millones de trabajadores, lo que equivale a entre el 8,3% y el 15,4% de los asalariados. El 56,7% del total de beneficiadas, según ha destacado Celaá, son mujeres.

El texto aprobado este viernes en el Consejo de Ministros finalmente repercutirá de igual forma a todos los régimenes de asalariados. Es decir, el Ministerio de Trabajo estima que 1,3 millones de trabajadores asalariados del régimen general se beneficiarán de la subida a 900 euros del salario mínimo interprofesional. El resto son o bien trabajadoras del hogar, colectivo eminentemente femenino, y trabajadores del campo. Ambos tienen régimenes específicos y la subida de sus remuneraciones mínimas finalmente subirán de igual forma que la de esos 1,3 millones de asalariados. En los últimos borradores trasladados a los sindicatos se especificaba que a las empleadas del hogar y a los del campo se les subiría el SMI el 19,8%. 

Según los últimos datos de afiliación correspondientes al mes de noviembre, en España desarrollan su actividad profesional un total de 411.353 empleadas del hogar, cuyo mínimo por hora pasará de 5,8 euros a 7,04 euros. Por lo que respecta a los temporeros del campo, un total de 758.438 en noviembre, su salario mínimo pasa de estar regulado según la jornada, como los del régimen general, a hacerlo según las horas, como las trabajadoras del hogar. 

Quiénes se verán afectados por la subida del salario mínimo, pero en diferido, serán muchos receptores de prestaciones, becas o subsidios que están indexados a este indicador. Muchas de estas pagas están regidas no por el SMI, sino por el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Este no está contemplado en el real decreto ley que incrementa el salario mínimo, aunque sí sigue referenciado a él en muchos casos. Así lo explicita la Ley General de la Seguridad Social en su artículo 275.2: "Se entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas exigido [...] cuando el solicitante o beneficiario carezca de rentas de cualquier naturaleza superiores, en cómputo mensual, al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional". Uno de los compromisos del Gobierno que no ha aprobado en el Consejo de Ministros de este viernes pero sí deberá hacerlo en el próximo, si no quiere se extinga el próximo 4 de enero, es la reforma del Subsidio Extraordinario por Desempleo (SED). Este, pensado para parados de larga duración sin prestación, exige para ser cobrado esa "carencia de rentas", es decir, no ingresar más del 75% del SMI.

Subida de sueldo a los funcionarios

El propio Pedro Sánchez dio a conocer oficialmente otra de las grandes medidas que ha aprobado el Consejo de Ministros este viernes. Esta es la subida del sueldo de los funcionarios de todas las administraciones de España, un total de 2,5 millones de personas. Los sindicatos ya tenían el compromiso desde finales de noviembre de que esta se produciría hubiera o no hubiera presupuestos y el Ejecutivo socialista ha optado por acelerar la medida antes de finalizar el año. Pese a que la aprobará un Gobierno del PSOE, las cifras según las que se incrementarán las remuneraciones de los empleados públicos son las acordadas por el anterior Gobierno del PP en marzo de este año. 

Este punto es algo que la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, no ha escondido y ha justificado como que el Gobierno del PSOE está, en este punto, "cumpliendo, siguiendo y desarrollando" dichos acuerdos con el fin de "impulsar el esfuerzo del sector público tras la crisis que hemos vivido". 

Los incrementos serán sobre una base del 2,25% a partir del 1 de enero, que puede ascender hasta el 2,5% si se consolida un crecimiento del PIB este 2018 por encima del 2,5%. Entre febrero y marzo el Gobierno estima poder tener dichos cálculos. No es esta la única variable que puede acabar aumentado el salario, ya que el real decreto también contempla otro 0,25% adicional. Este, pactado también en marzo entre sindicatos y PP, abre la puerta a que cada administración decida aplicarlo o no. 

350 millones para formación

Tras aprobar en el anterior Consejo de Ministros el Plan de Choque por el Empleo Juvenil, que incluía varias medidas específicas para la formación tanto de ocupados como desocupados jóvenes, en el de este viernes el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha habilitado un total de 350 millones, con cargo al crédito presupuestario de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), principalmente para la formación a trabajadores activos. Los parados también podrán formar parte de los cursos, aunque no podrán superar el 30% del total de participantes en los mismos.

El Gobierno también ha trasladado que a dichos programas tendrán prioridad en el acceso los jóvenes menores de 30 años, las mujeres, los mayores de 45 años, las personas con discapacidad, las personas trabajadoras con bajo nivel de cualificación, los parados de larga duración, los trabajadores de pymes, así como las personas empleadas con contrato a tiempo parcial y los que tengan un contrato temporal.

Estos fondos provienen de las cuotas que pagan las empresas en relación a la cotización de sus empleados y tanto patronales como sindicatos llevan tiempo exigiéndole al Gobierno que le de más recorrido a las mismas. El Ejecutivo socialista, en un comunicado posterior al Consejo de Ministros, ha destacado la "falta de oferta formativa de la etapa anterior".

La ministra portavoz Celaá ha detallado que las entidades que vehicularán estos programas para la formación serán el SEPE y las entidades territoriales, como la que actúa en Catalunya, el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). Estas licitarán los programas de formación y las entidades tanto públicas como privadas se podrán presentar para ofertarlos. Estos 350 millones se distribuirán entre 140 millones este 2019, y 105 millones en el 2020 y el 2021.