Infraestructuras

El Gobierno aprueba 85 millones para mejorar las carreteras catalanas

La ministra portavoz, Isabel Celaá, ha anunciado la medida tras el Consejo de Ministros celebrado en Barcelona

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Gabriel Ubieto

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El Gobierno ha aprobado una partida presupuestaria de 85,3 millones de euros para licitar obras de reparación y conservación en algunas de las carreteras catalanas. "Lo que en otras ocasiones fueron compromisos y promesas, este Consejo de Ministros ha materializado", ha afirmado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en referencia a los anuncios de inversiones del anterior presidente Mariano Rajoy.

La ministra socialista ha detallado en la rueda posterior a la reunión celebrada este viernes en Barcelona algunos de los contratos que se abrirán al concurso público en las cuatro provincias catalanas. Donde se realizará una mayor inversión será en Lleida, a la que se destinarán 25,7 millones de euros para la restauración de ocho vías. En la provincia de Barcelona se destinarán 24,7 millones para, entre otros, el enlace de la B-24, a la altura del Baix Llobregat, con la autopista AP-7.

En Girona se abrirán concursos en nueve tramos por valor total de 20,7 millones de euros que se centrarán en obras de mejora en gran parte del recorrido de la nacional 260, así como en algunos puntos de la A-26, entre Besalú y Olot. Por último, a Tarragona se dedicarán 14,2 millones de euros para mejorar la A-7, la N-340 y la N-235.

"Estas autorizaciones serán muy importantes para Catalunya a la hora de establecer condiciones favorables para el crecimiento económico público y privado", ha considerado Celaá. 

Canarias se lleva 1.801 millones

La otra medida aprobada en materia de infraestructuras por el Consejo de Ministros del 21 de diciembre en Barcelona fue desbloquear una inversión total de 1.801 millones de euros para una serie de convenios de obra en carreteras hasta el año 2025 para las Islas Canarias. Parte de dicho importe el Gobierno lo transfiere obligado por distintas sentencias del Tribunal Supremo, que declararon la obligación de la Administración General del Estado de transferir a dicha comunidad las cantidades convenidas en un acuerdo cerrado el pasado 2006.