El acuerdo de la estiba, en el aire por un dictamen de Competencia

La patronal y los sindicatos de la estiba se enfrentan a una eventual multa de siete millones de euros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por el acuerdo que alcanzaron el pasado año para adaptarse a la reforma y liberalización del sector aprobada por el Gobierno para adecuarlo a las normas europeas y evitar una multa de la UE. El dictamen de la CNMC supone un varapalo más para el sector y traslada ahora la responsabilidad al Gobierno de Pedro Sánchez, que debería haber redactado ya un reglamento que minimice los aspectos que la CNMC considera más conflictivos. Ese reglamento se debería haber aprobado a finales de verano, pero sigue sin conocerse ni tan siquiera un boceto. De los puertos dependen del orden del 80% de las exportaciones españolas, por lo que un nuevo brote de conflictividad en el sector amenazaría la marcha de la economía.

Ese informe negativo de la CNMC ha sido remitido a las partes implicadas por parte del regulador, en el que considera que se contraviene el artículo 1 por "conductas colusorias" con la libre competencia. Según este artículo, se prohíbe cualquier pacto sectorial que "pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional". 

La multa deriva del expediente sancionador que la CNMC abrió a la patronal de estiba Anesco y los sindicatos La Coordinadora, CCOO, UGT, ELA y la CIG gallega por el acuerdo que alcanzaron a finales de junio del 2017. El acuerdo puso fin a los cuatro meses de paros y movilizaciones que los sindicatos de estibadores llevaron a cabo ese año en los puertos desde que en febrero el Gobierno del PP anunció su intención de reformar y liberalizar el sector de acuerdo con las normativas comunitarias.

La CNMC considera que dicho acuerdo puede restringir la competencia y ser contrario a lo que dicta la UE y el propio decreto ley con el que el Gobierno reformó el sector, ahora pendiente de reglamento.En noviembre del 2017, cinco meses después de su firma, el 'superregulador' abrió un expediente sancionador a los firmantes del pacto tras realizar de oficio una información reservada del mismo y detectar "indicios racionales de la existencia de conductas" contrarias a la normativa de competencia". En su dictamen un año después considera que ese acuerdo es ilegal. 

En el marco del procedimiento de resolución del expediente, la CNMC remitió a las partes a mediados de este pasado mes de noviembre un informe de resolución provisional, en el que avanza que la investigación previsiblemente se cerrará con multas para patronal y sindicatos que, en conjunto, suman unos siete millones de euros. La patronal Anesco afrontaría el grueso de esta sanción, un total de 6,19 millones de euros, mientras que los sindicatos CCOO y UGT serían sancionados con 300.000 euros cada uno, la CIG con 200.000 euros, LAB con otros 120.000 euros, ELA con 4.000 y la Coordinadora, con los 4.000 euros restantes.

La CNMC cuenta aún de plazo hasta el próximo mes de mayo para cerrar definitivamente la instrucción de este expediente sancionador que, en caso de confirmar la multa, tendría mayores consecuencias, mayores dado que implicaría además la invalidez de lo acordado. La situación puede ser enmendada por el Gobierno con la redacción de un reglamento que plasme los aspectos principales del acuerdo firmado pero eliminando los elementos que impliquen la confirmación de la posición de la CNMC.