ley hipotecaria

El Congreso evita por fin que la nueva ley hipotecaria provoque una ola de desahucios

Vista general del hemiciclo del Congreso

Vista general del hemiciclo del Congreso / ZIPI

P. Allendesalazar

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Los grupos parlamentarios han logrado por fin, tras casi un mes de negociaciones, alcanzar un acuerdo para evitar que la nueva ley de contratos hipotecarios provoque como efecto secundario indeseado una nueva oleada de desahucios. Cuando entre en vigor, la normativa no será de aplicación para los créditos cuyo vencimiento anticipado por impago haya sido instado ya por los bancos (el primer paso para exigir al deudor el pago total de la deuda pendiente y, en caso de no abonarse, iniciar el proceso de ejecución, alzamiento y desahucio).

La nueva ley va a endurecer este primer trámite para iniciar la ejecución de las hipotecas (el proceso solo se podrá iniciar tras impagos de entre 12 y 15 cuotas o el 3% y el 7% del capital) y en principio iba a tener un efecto retroactivo general para favorecer a los clientes con dificultades. El problema es que hay cientos de miles de procesos de ejecución hipotecaria paralizados a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determine si la normativa española todavía en vigor es abusiva y a estos la nueva ley sí podría haberles perjudicado.

El abogado general del tribunal europeo ya se ha pronunciado a favor de que todos estos procedimientos sean sobreseídos y se espera que, como es habitual, el tribunal dictamine en la misma línea. Pero si la ley hipotecaria se cambiaba de manera totalmente retroactiva, se corría el riesgo de que los desahucios frenados que probablemente se consideren excesivos pasasen a estar justificados por la nueva normativa.

Acuerdo

La mayoría de los grupos han pactado este martes que el endurecimiento de los desahucios incluido en la nueva ley sea aplicable a los contratos firmados tras su entrada en vigor, pero también a los anteriores siempre y cuando el banco no hubiera instado su vencimiento anticipado. En cambio, "no será de aplicación este artículo a los contratos cuyo vencimiento anticipado se hubiera producido con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, se hubiese instado o no un procedimiento de ejecución hipotecaria para hacerlos efectivo, y estuviera suspendido o no", según figura en la disposición transitoria tercera. Con este redactado, se evita una nueva cascada de desahucios.

La ministra anunció a mediados de noviembre que iba a impulsar esta excepción a través del grupo socialista. Sin embargo, los partidos han tardado varias semanas en ponerse de acuerdo en su redactado porque no querían dejar cabos sueltos. PSOE, PP y Ciudadanos han llegado a un acuerdo finalmente, pero Unidos Podemos no se ha sumado al mismo.

El partido morado critica que con la nueva norma se evitará que estos cientos de miles procesos paralizados se ejecuten de forma urgente, pero no evita que se puedan tramitar de forma normal y acabar en un deshaucio igualmente. Su portavoz, Rafa Mayoral, ha denunciado que se trata de una "ley para los bancos, no para los ciudadanos", promovida por el "partido de los bancos": PP, PSOE, Ciudadanos y PdCat. "Hemos psado de la ley Guindos a la ley Calviño, que es la Margaret Thatcher de este Gobierno", ha criticado.

Cambios

Los partidos también han aprobado como novedad una llamada "hipoteca verde" a iniciativa del PP. Se trata de un crédito que tiene unas condiciones administrativas más favorables siempre que se dirija a comprar o reformar un inmueble al que se le van a hacer mejoras en cuanto a su eficiencia energética (consumos de agua, electricidad y gas, por ejemplo.

El resto de las medidas se han ido pactando en las últimas semanas, como el citado endurecimiento del trámite inicial de los desahucios, que los bancos asuman la mayoría de los gastos de constitución de la hipoteca y la reducción de las comisiones por pago anticipado o la indemnización entre bancos porrobarse uno de estos préstamos.