Los Veintiocho fracasan en su intento de pactar una tasa digital

La tasa europea a los servicios digitales (DST en sus siglas en inglés) de grandes multinacionales como Google o Facebook está al borde del precipicio. Los Veintiocho han fracasado en el objetivo de cerrar un acuerdo político antes de finales de año, tal y como se había propuesto la presidencia austríaca de la UE, y todo apunta a que los trabajos seguirán sobre la base de un gravamen menos ambicioso y limitado a los ingresos recaudados por los servicios publicitarios on line. 

“No es la mejor propuesta pero sí un primer paso para intentar llegar a un acuerdo en primavera del próximo año”, ha resumido el ministro de finanzas austríaco, Hartwig Löger, tras la reunión del Ecofin. “Necesitamos una solución europea y rápida, incluso si es menos ambiciosa que la propuesta original de la Comisión Europea. A veces ese es el precio del compromiso”, ha admitido el comisario de asuntos económicos, Pierre Moscovici.

El plan inicial del Ejecutivo comunitario abogaba por gravar con un impuesto del 3% la facturación obtenida a cuenta de la venta de datos de usuarios, las actividades de intermediación y los servicios publicitarios de aquellas empresas con un volumen superior a los 750 millones de euros a nivel mundial y 50 millones en la UE. El objetivo: equiparar la fiscalidad entre las empresas tradicionales y las de internet y garantizar que pagaran más impuestos en la UE. La Presidencia austriaca de la UE recogió el testigo de la Comisión y durante meses intentó negociar un texto de compromiso -ha presentado hasta seis- que retrasaba la entrada en vigor del impuesto a 2022 pero que no ha sido finalmente aceptado. 

Para salvar la tasa (que exige un apoyo unánime) y evitar la muerte de la iniciativa, Francia y Alemania han presentado in extremis al resto de colegas una contrapropuesta con un alcance mucho más limitado, que solo grava la facturación de los servicios publicitarios, con una tasa “mínima” (sin predefinir) y una nueva fecha límite para cerrar un acuerdo, como muy tarde en marzo de 2019, que solo se aplicaría a partir del 1 de enero de 2021 si no hay para entonces un acuerdo a nivel global en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Si lo hubiera, el gravamen europeo expiraría en 2025. 

España ve falta de ambición

Esta iniciativa abre la puerta a que los países que quieran adopten una normativa con una base más amplia o más ambiciosa aunque para otros no soluciona el problema de fragmentación. Por el momento, tampoco la declaración conjunta de París y Berlín ha cuajado. Irlanda, Suecia y Finlandia han vuelto a dejar claro que simplemente no pueden apoyar la creación de un impuesto digital mientras que una mayoría de delegaciones han advertido que es necesario más tiempo para examinar una propuesta franco-alemana que cambia completamente el terreno de juego. 

Este es el caso de Hungría, Estonia, Letonia, Portugal, Luxemburgo y también de España que ha lamentado la falta de ambición y ha anunciado su intención de seguir adelante con su plan. “La propuesta de Francia y Alemania no llega al grado de ambición que contemplamos” pero “tenemos que evaluar detenidamente si esta propuesta cumple con los objetivos de velar por un sistema tributario justo”, ha explicado la ministra de economía española, Nadia Calviño, durante el debate celebrado por el Ecofin.

Tanto la Comisión Europea como la Presidencia austriaca de la UE han lamentado que el expediente se quede bloqueado aunque ambos confían en que el grupo de expertos de los 28 proseguirá los trabajos sobre la base de las propuestas que ya están la mesa. “Es necesario llegar a una solución adecuada lo antes posible. Hay muchos Estados miembros que necesitan claridad y que ya han aplicado un impuesto similar a nivel nacional o tienen previsto hacerlo en un futuro cercano”, ha recordado Löger. “Tenemos que avanzar. Les insto a todos a que actúen ahora con un aire constructivo, con la ambición de llegar rápidamente a una solución”, ha reivindicado Moscovici.