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CAMBIOS EN LA NORMATIVA COMUNITARIA

La tasa digital europea se eterniza

La presidencia austríaca de la UE propone ahora retrasar al 2022 la entrada en vigor del impuesto para dar tiempo a la OCDE a buscar un acuerdo internacional y superar la división entre los gobiernos europeos

Silvia Martinez / Bruselas

Siluetas ante el logo de Google. 

Siluetas ante el logo de Google.  / Dado Ruvic (REUTERS)

El objetivo de la Presidencia austríaca de la UE no ha cambiado. Pese a las resistencias y la oposición de algunos estados miembros, Viena sigue confiando en que logrará el compromiso político para sacar adelante la nueva tasa a los servicios digitales (DST en sus siglas en inglés) durante la reunión de ministros de economía y finanzas de la UE (Ecofin) del martes 4 de diciembre. Su propuesta para superar el impasse: retrasar cuatro años más la entrada en vigor del impuesto, hasta el 1 de enero del 2022, para dar tiempo a buscar un pacto en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

“Hemos hecho todo lo posible a nivel técnico y a nivel bilateral para convencer a los ministros. Hemos tenido en cuenta muy seriamente los elementos que podíamos solucionar a nivel técnico. Hemos logrado un buen compromiso y ahora es cuestión de voluntad política. Veremos si los ministros pueden ir adelante”, sostienen fuentes diplomáticas sobre un acuerdo que sigue estando muy cuesta arriba.

Entre siete y diez delegaciones, según otras fuentes, siguen todavía sin poder aceptar el texto bien por principios, bien por razones políticas o bien porque todavía necesitan alguna adopción técnica. “Un consenso será difícil pero no es imposible así que sigamos empujando en esa dirección”, reivindicaba desde la Eurocámara el comisario de asuntos económicos, Pierre Moscovici, que considera que el apoyo a la propuesta ha aumentado y que todavía es posible un acuerdo antes de finales de año.

Se mantiene la división en la UE

La división, sin embargo, se mantiene. El bando del ‘no’ está formado por Irlanda, Suecia, Dinamarca y Finlandia, los cuatro países que reniegan por principios de la propuesta e insisten en que el acuerdo debe ser a nivel internacional. En un segundo grupo figuran Alemania, Holanda y el Reino Unido que consideran que cerrar un acuerdo en diciembre sería prematuro mientras que Chipre, Estonia y Luxemburgo siguen siendo escépticos aunque están dispuestos a aceptar el compromiso si los cuatro países que se oponen tajantemente aceptan el pacto. También tienen algún problema técnico Letonia, Lituania y Malta aunque fuentes europeas consideran que no es un obstáculo importante.

La necesidad de aprobar la propuesta por unanimidad complica enormemente la tarea de la presidencia austríaca y nadie descarta que el compromiso pueda limitarse a una declaración política que deje aparcado un posible acuerdo. De momento, la oferta planteada por los austríacos para sacar adelante uno de los grandes objetivos políticos del Gobierno que encabeza el presidente francés, Emmanuel Macron, para esta legislatura sugiere retrasar un año más allá la entrada en vigor del impuesto en caso de no conseguir avances a nivel global.

A la espera de la OCDE

Durante el Ecofin del pasado mes de noviembre, que terminó sin acuerdo, sugirieron la fecha de finales del 2020. Ahora la UE se plantea aplicar el gravamen desde el 1 de enero del 2022. De esta forma, sostienen fuentes diplomáticas, se daría más tiempo a la espera de encontrar una solución internacional. Según el compromiso sobre la mesa, la Comisión Europea deberá presentar antes de finales del 2020 un informe de evaluación de los progresos en la OCDE. Si la conclusión es que no ha habido avances, la UE seguirá adelante con la entrada en vigor de la tasa digital europea que tendrá carácter temporal y expirará una vez adoptada una norma internacional similar.

El texto también precisa, para satisfacción de Luxemburgo, que los servicios financieros estarán excluidos del reglamento. Además recoge que la directiva no impide que los Estados miembros puedan introducir tasas nacionales en este ámbito a condición de que no cubran los mismos servicios que la DST y no se limiten solo a las empresas digitales.