El Gobierno estudia qué hacer con las hidroeléctricas para reducir la factura

Entre los años 30 y 50 el Estado cedió a las eléctricas la concesión de cerca de 800 saltos de agua en España durante 75 años a cambio de su inversión en ellos. En los próximos años esas concesiones llegarán a su fin en efecto dominó y al Gobierno le toca decidir qué hacer con ellas. Entre las opciones, la ministra Ribera no descarta la posibilidad de revertirlas al Estado.

"Es la ocasión de plantearnos distintas opciones que contribuyan de la mejor forma posible a que la energía hidroeléctrica sea un factor fundamental en hacer la transición energética de manera justa y a precios razonables", decía Ribera esta semana en una interpelación en el Congreso de los Diputados.

En España hay 115 aprovechamientos hidroeléctricos extinguidos de los cuales 100 están abandonados. De los 15 restantes, cinco están en manos del antiguo titular, cinco en concurso y otros cinco son explotados por las confederaciones hidrográficas "hasta que se resuelva qué hacer con ellos". Según la Dirección General del Agua, se prevé que se extingan otras 25 concesiones hasta 2020 y 70 hasta 2030.

Para el Gobierno, algunos no son viables económicamente pero sí servirían para la restauración de la calidad del agua, otros sí son viables y podrían contribuir a financiar los organismos de cuencas y otros podrían servir para darle estabilidad al sistema eléctrico. "Todo esto nos hace pensar que se trata de un instrumento útil en la ordenación del sistema eléctrico, minorando la volatilidad de precios y aportando beneficios de interés público", agregó la ministra.

La administración hidráulica debe estudiar y decidir si demoler un aprovechamiento cuando no sea viable o sacarlo a concurso. En este caso, la ministra propone la creación de contratos bilaterales a precio tasado o la obligación de suministrar a precio tasado la electricidad generada para facilitar su acceso a un precio estable o razonable "a los colectivos que lo necesitan o al territorio circundante".

Mientras se decide, Ribera no descarta que las cuencas exploten "de forma transitoria al menos" las instalaciones hidroeléctricas según finalice la concesión, asumiendo como "ingresos propios" los beneficios "sin que puedan en ningún caso cederse a un tercero".

Bien muy preciado

La energía hidroeléctrica representa alrededor del 20% de la potencia instalada en España, un porcentaje bajo pero con un valor alto al tratarse de energía almacenable que puede servir de estabilizador del mercado en horas de alta demanda. También para las eléctricas, que pueden decidir cuándo producir (solo están obligadas a desembalsar cuando la presa está llena) y, por tanto, no hacerlo en horas donde el precio de la energía es bajo y sí en las horas más caras.

El Observatorio de la Sostenibilidad (OS) realizó un estudio sobre los saltos que hay en España y pone como ejemplo el de El Pueyo de Jaca (Panticosa), controlado por la Confederación Hidrográfica del Ebro, que obtiene unos beneficios estimados de "2 y 3 millones de euros anuales" para las arcas públicas. Además, sostienen, con la reversión al Estado se produciría una disminución del precio de la electricidad, y un mayor control público de las emisiones de CO2 y de la gestión del agua.

El experto en energía Francisco Valverde duda sobre una gran bajada de la factura porque siempre quedarán el carbón y al gas: "Lo que habría que hacer es no llegar a necesitar energía fósil en generación, es decir, fomentar las renovables, y si no fomentar el ahorro y la eficiencia para que haya menos demanda".