La Audiencia Nacional remite el 'dieselgate' español a Alemania

La Audiencia Nacional ha decidido remitir todo el procedimiento del 'dieselgate' español, que afecta a la manipulación de emisiones por parte del grupo Volkswagen (VW),  a las autoridades judiciales alemanas. De esta forma, el juez que hasta ahora a instruido el caso avala la petición de la fiscalía que reclamaba que se instruya todo el caso en el país germano, tal como adelantó EL PERIÓDICO.

El Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional concluye que el procedimiento, "en relación al conjunto de personas investigadas en el mismo" pasa a "las autoridades judiciales de Alemania, y más en concreto, a la Fiscalía de Braunscheig", en el estado federal de Baja Sajonia, que también propuso que las investigaciones judiciales del 'dieselgate' repartidas por todo el mundo se centralizaran en esta jurisdicción.

En sus fundamentos de derecho, el auto de inhibición explica que el proceso español "mantiene una serie de vínculos de conexión" con la investigación que sobre los mismos hechos se sigue en la Fiscalía de Braunschweig (Alemania). Destaca que el caso afecta a aproximadamente a 11 millones de vehículos, incluidos los matriculados en España, que también engloba a Robert Bosch GmbH, en su calidad de proveedor de centralitas que controlan el 'software", y a empleados de VW, entre otros protagonistas.

En mejor situación

En el auto, el juez considera que "las autoridades alemanas se encuentran en una mejor situación" para la instrucción y enjuiciamiento de la causa, con vista a evitar una potencial vulneración del principio "ne bis in ídem" (no se puede juzgar dos veces un mismo hecho), de manera, a su entender, debe asumirse por la justicia germana la finalización de las pesquisas y la decisión de qué personas van a ser llevadas finalmente a juicio por los hechos investigados" (...) La mayoría de los investigados residen en Alemania, el material probatorio se encuentra en ese país y las personas que tomaron "la decisión delictiva" están en la sede central de la empresa en Wolfsburg, mientras que "no consta" que los importadores y vendedores tuvieran conocimiento del fraude.

Las pesquisas en España se iniciaron tras estallar el escándalo, en el 2015, y a raíz de las querellas presentadas por dos asociaciones. En ellas, se denunciaba la instalación ilegal del un programa informático manipulado en miles de vehículos para cambiar los resultados de los contactos técnicos de emisiones contaminantes.

Durante la tramitación de la causa en España se practicaron varias diligencias para comprobar la manipulación del programa informático, así como si la misma provoca una "alternación significativa" de las prestaciones a los vehículos afectados y a la identificación de elementos que permitieran la imputación, según detalló el fiscal Marcelo de Azcárraga en su petición de inhibición, de personal de Seat, Volkswagen-Audi España y Volkswagen Navarra.