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Protección social

Los parados de 52 años recuperaran la prestación haya o no Presupuestos

La secretaria de Estado de Empleo se compromete tirar adelante una reforma que afectará a 250.000 personas

Gabriel Ubieto

La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, durante una rueda de prensa.

La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, durante una rueda de prensa. / Ballesteros (EFE)

El Gobierno implantará un subsidio por desempleo para los parados mayores de 52 años independientemente de que se acaben aprobando los nuevos presupuestos o no. A ello se ha comprometido este viernes la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, en un encuentro con periodistas en Madrid. Esta prestación, según afirman desde el Ministerio de Trabajo, beneficiaría a 114.000 personas, que se sumarían a los 250.000 actuales beneficiarios, y supondría un coste anual para las arcas públicas de 330 millones de euros.

La implantación de esta prestación representa, de hecho, recuperar la versión anterior del actual subsidio de desempleo para parados de 55 años. El anterior ejecutivo del PP endureció las condiciones de acceso y elevó la edad, de los 52 años a los 55. Hasta ahora la reforma de dicha prestación se encontraba a caballo entre la Mesa de Diálogo Social, donde participa el Gobierno con los sindicatos y las patronales, y los despachos del Ejecutivo, como muchas de las reformas anunciadas pero no concretadas por el Gobierno de Sánchez.

El pasado 10 de octubre, un día antes de hacerse público el acuerdo presupuestario entre el PSOE y Unidos Podemos, patronales y sindicatos se sentaron con representantes del Ministerio de Trabajo para acercar posiciones en materia de reformas laborales. Uno de los puntos que encalló esa mesa de negociación fue la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, que contó con la oposición de las patronales CEOE Cepyme, al considerar estas que debía ir asociado a programas de formación y reconversión profesional.

Ese bloqueo en las Mesas de Diálogo Social provocó que el Gobierno apostara, con el beneplácito de CCOO UGT, por tirar por la vía parlamentaria. Y de ahí que, dada la aritmética que puede acabar haciendo imposibles unos nuevos presupuestos, el ministerio encabezado por Magdalena Valerio opté por tramitar la reforma por la vía del decreto ley.

'Plan B'

Una estrategia de 'plan B' que contempla otras reformas troncales del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Una de las más sonadas mediáticamente, la subida del salario mínimo interprofesional a los 900 euros, la anunció el mismo presidente del Gobierno a partir del 1 de enero del 2019, "con o sin presupuestos". Otras, como las subidas de las pensiones, la modificación de la legislación para el alquiler o el aumento del IRPF a las rentas más altas, también son potenciales objetivos de la vía del decreto ley.

La subida de sueldo de los funcionarios es otra sobre la que este pasado jueves CCOO y UGT hicieron público el compromiso del Gobierno. Algo sobre lo que fuentes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública se limitaron a afirmar que "solo contemplan el escenario de los presupuestos".