Luxemburgo, garante de los derechos de los consumidores

El listado de varapalos contra el Gobierno español en el Tribunal de Justicia de la UE es largo y variado. Desde que estallara la crisis económica hace una década, los jueces europeos le han enmendado la plana a España en reiteradas ocasiones. Han tumbado el céntimo sanitario -el recargo de un céntimo por litro de gasolina vendida para financiar la sanidad pública-, rechazado el canon digital diseñado por el Gobierno de Mariano Rajoy, la ley contra el blanqueo de capitales o la política laboral.

Pero si hay un ámbito en el que el TJUE ha jugado un papel crucial a la hora de proteger a los consumidores y destapar años de abusos y atropellos, y que ha obligado al Ejecutivo español a modificar las normas, es la legislación hipotecaria. El primer gran golpe llegó en marzo de 2013 con el caso de Mohamed Aziz, un marroquí residente en Catalunya que un buen día dejó de pagar las cuotas al banco y la entidad terminó ejecutando la hipoteca.

Un juez de los mercantil de Barcelona, José María Fernandez Seijo, decidió preguntar al Tribunal de la UE que terminó sentenciando que el proceso de desahucio previsto en la ley española era ilegal y abusivo al vulnerar el derecho europeo de protección del consumidor e impedir al afectado defenderse ante cláusulas abusivas. Fue solo el comienzo. En julio de 2014 la corte sentenció contra la ley de enjuiciamiento civil, porque solo permitía el recurso a las entidades bancarias y no a los particulares, y en enero de 2015 volvieron a tirar de las orejas a España al sentenciar que los jueces sí pueden anular las cláusulas de interés de demora si son abusivas.

El último gran golpe se produjo en diciembre de 2016 cuando echaron por tierra la argumentación del Tribunal Supremo al concluir que las entidades bancarias tenían que devolver hasta el último euro cobrado de más a los afectados por las cláusulas suelo declaradas abusivas y no solo a partir del 9 de mayo de 2013. Desde entonces ha habido algún tirón de orejas más confirmando que el papel de Luxemburgo como garante de los derechos de los consumidores.