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Nuevo 'impuesto' a la banca

Economía debate con el Banco de España el nuevo gravamen a la banca

El Gobierno quiere una mayor aportación al Fondo de Garantía de Depósitos para evitar un nuevo rescate público

El Ejecutivo mantiene contactos con el sector financiero para consensuar la medida

Rosa María Sánchez / Pablo Allendesalazar

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y la ministra de Economía, Nadia Calviño, en una reunión informal del Ecofin.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y la ministra de Economía, Nadia Calviño, en una reunión informal del Ecofin. / EFE / Florian Wieser

El Gobierno sigue avanzando en su plan para introducir un nuevo gravamen a las entidades financieras en forma de una mayor aportación al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) que evite una nueva tanda de rescate bancario de varios miles de millones de euros este año 2018 o el 2019.

Fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez confirman que el Ministerio de Economía está manteniendo reuniones con el Banco de España y con las propias entidades financieras para buscar un consenso en torno a esta mayor aportación del sector al FGD. "Nuestra voluntad es adoptarlo, pero también lo es llegar a un consenso sin poner en riesgo ni el cumplimiento del objetivo de déficit público ni las cuentas de las entidades financieras", aseguran estas fuentes que ven más probable la introducción de este gravamen en el 2019, sin descartar apretar el acelerador en lo que queda del 2018 en función de cómo vayan los resultados de una y otra parte.

Desde la patronal bancaria AEB no se confirman estos encuentros. En esta patronal existen evidentes muestras de disgusto ante la percepción de cierta intencionalidad tributaria contra el sector financiero.

¿Qué es el Fondo de Garantía?

El Fondo de Garantía de Depósitos es el instrumento -de mayoría pública en la gestión, pero financiado por el sector financiero- que asegura 100.000 euros de ahorros por cliente y entidad en caso de quiebra de la misma. También asume parte de las pérdidas ocasionadas por las entidades que sucumbieron durante la crisis, mediante vías como los Esquemas de Protección de Activos (EPAs) concedidos a Sabadell y BBVA cuando se hicieron cargo de la CAM y Unnim, respectivamente. Pese a ser financiado por el sector privado, sus cuentas consolidan con las del Estado y tienen impacto en el déficit público porque, si se queda sin recursos, se asume que los pondrá el Tesoro.  Y esto es lo que previsiblemente está a punto de suceder este año o el próximo

La venta masiva este año al 'fondo buitre' Cerberus de activos inmobiliarios tóxicos heredados de la CAM y de Unnim puede obligar al Fondo de Garantía a compensar a Sabadell y BBVA con unas cantidades (unos 4.500 millones) que el FGD no podrá asumir, pues su patrimonio no llega a 2.000 millones. Esta circunstancia podría obligar a una nueva aportación de los contribuyentes si antes no se adoptan medidas para que sea el propio sector financiero quien ayude a dos de sus miembros, tal como ya empezó a estudiar el Gobierno de Mariano Rajoy.

Una nueva forma de "impuesto a la banca"

"Estamos en ello", aunque "no hay ninguna decisión tomada" rubrican desde el Ejecutivo socialista en relación a los planes sobre el Fondo de Garantía. No en vano, esta forma de gravamen fue presentada por el Gobierno a los negociadores presupuestarios de Unidos Podemos como una alternativa tras la retirada del impuesto a la banca que había preconizado Pedro Sánchez antes de acceder al Gobierno en junio pasado.  Fuentes de Unidos Podemos lo interpretan como una vía "para que las entidades empiecen a devolver a la ciudadanía el esfuerzo del rescate". 

Tanto la ministra de Economía, Nadia Calviño, como la de Hacienda, María Jesús Montero, apuntaron en sendas entrevistas con EL PERIÓDICO la posibilidad de "aumentar o revisar" las aportaciones al FGD. También el grupo socialista, en su propuesta de conclusiones de la comisión de investigación de la crisis en el Congreso, ha planteado aumentar estas aportaciones "para que sea el propio sector quien asuma el coste de las ayudas concedidas a través de los esquemas de protección de activos" (como los otorgados a Sabadell y BBVA).

Y aunque el Gobierno congeló sus planes a la expectativa de conocer el alcance del fallo del Supremo sobre el impuesto a las hipotecas, el hecho de que, al menos en principio, las entidades no tengan que hacer frente a pagos con carácter retroactivo permite reactivar los planes del Ejecutivo.