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'CASO CAIXA CATALUNYA'

Todó se negó a reducir sus retribuciones a petición del FROB en el 2011

Hasta el 2012 no existió una normativa específica que limitase los sueldos directivos en entidades intervenidas por el Estado

Eduardo López Alonso

Adolf Todó, exdirector general de Caixa Catalunya, declara en la Audiencia de Barcelona. 

Adolf Todó, exdirector general de Caixa Catalunya, declara en la Audiencia de Barcelona.  / ACN / POL SOLA

El exdirector general de Caixa Catalunya Adolf Todó se negó en noviembre del 2011 a reducir retribuciones previstas en su contrato aunque el FROB le advirtió de que estaban por encima de la media del mercado en directivos de su nivel. El responsable de la dirección financiera  y entidades participadas del FROB, Leopoldo Puig Turégano, ha reconocido en el juicio a la excúpula de Caixa Catalunya que se celebra en la Audiencia de Barcelona que advirtió en ese año de que las prestaciones de Todó por pensiones, en caso de fallecimiento, por cese y por conceptos variables eran "comparativamente elevadas", pero que Todó se negó a reducir su cuantía.  "Todó aceptó reducir algo su retribución variable" pero se negó a recortar el resto, según Puig Turégano, "por lo que no hubo acuerdo". Finalmente un decreto del 2012 estableció limitaciones a las retribuciones de entidades intervenidas por Estado. Hasta entonces, "no había límites objetivos a las remuneraciones de los directivos", reconoció Puig. Esas retribuciones que el FROB consideró excesivas habían sido aprobadas casi tres años antes, según destacó el abogado de Serra, Pau Molins, cuando no existía una normativa que las limitase. En esa vía de defensa profundizó el abogado de Todó, Juan Segarra, ante el principio de que si no hay ley que prohíba, difícilmente habrá delito. Además, la situación económica de Caixa Catalunya en el 2010 era mucho mejor que dos años después.

El exsubdirector general de Caixa Catalunya Jaume Massana contradijo la versión de Puig, al asegurar que en sus continuos contactos con responsables del FROB y del Banco de España jamás recibió ninguna alusión o recriminación por los niveles salariales de la alta dirección en Caixa Catalunya.

Sobre el expresidente de Caixa Catalunya Narcís Serra y el exdirector general Adolf Todó pesa la acusación de haber elevado "de manera desproporcionada" sus retribuciones y las de los principales directivos "sabedores de la situación de crisis de la entidad o, al menos, en condiciones de conocerla", según el informe previo del fiscal. Todó cobraba 684.713 euros anuales en el 2008 y pasó a tener una retribución de 1,36 millones en el 2010.

La segunda entidad con más ayudas

La retribución variable de Todó era del 35% del total, condicionada al cumplimiento de objetivos. Se estableció para él una cláusula de prejubilación a partir de los 60 años por la que cobraría hasta los 67 una renta mensual del 90% de su sueldo, y a partir de los 67 "una renta vitalicia" del 80% de lo recibido los 12 meses anteriores. Otra cláusula establecía que, en caso de morir, su hija podría recibir una pensión vitalicia por el 50% de la retribución cobrada por Todó los últimos 12 meses. En total, Todó percibió más de cuatro millones de euros entre 2008 y 2012 --sumando las retribuciones fijas y las variables-- a lo que hay que añadir aportaciones al plan de pensiones.

Paralelamente, los beneficios de la caja se redujeron progresivamente (493 millones en el 2007, 185 en el 2008, 77 en el 2009), hasta la entrada del FROB en la entidad. Y mientras la situación financiera de la caja empeoraba, los ingresos y especialmente las dotaciones a planes de pensiones de los directivos aumentaron. En el marco de un expediente de regulación para recortar la plantilla en 1.300 personas, las retribuciones de la alta dirección aumentaron. El FROB aportó a Caixa Catalunya 12.676 millones de euros para que la entidad eludiese la bancarrota. Esa cantidad fue la mayor aportada a cualquier entidad en relación a su tamaño, pero por debajo del total recibido por Bankia (más de 22.000 millones).

 Las defensas han reiterado durante el juicio en las últimas semanas que las retribuciones acordadas a los directivos fueron calculadas y supervisadas por entidades independientes, el bufete Garrigues y Hay Group. Serra ya aseguró en su día que el proceso de actualización de ingresos de los directivos "se llevó a cabo con una transparencia totalmente novedosa en los procedimientos de aprobación de la retribución de los ejecutivos en Caixa Catalunya".  Esas retribuciones ahora en entredicho fueron aprobadas por el consejo, la asamblea y la Generalitat, y publicadas en la memoria anual en el marco de un plan estratégico definido "en colaboración" con el departamento de supervisión del Banco de España.

La fiscalía pide cuatro años de prisión para 17 de los 41 acusados, entre los que están Serra y Todó, a quien atribuye dos delitos de administración desleal, y dos años para otros 24, a los que solo apunta uno de los dos delitos. Además, reclama que los acusados ​​paguen al FROB 2.568.000 euros más intereses en concepto de responsabilidad civil. La CUP, la Confederación Intersindical de Cajas y el FROB también les acusan de delito societario, y llegan a pedir hasta seis años de prisión.

En su escrito, la fiscalía acusa a los exdirectivos de la entidad, ahora propiedad del BBVA, de haber practicado una "irresponsable política de retribuciones", "desproporcionadas y ajenas a su situación real de insolvencia", teniendo en cuenta, además, que se produjeron «en un entorno de grave crisis económica». Así, ve «sorprendente» que, por un lado, se suscribieran estos contratos y, por otro, "pidiera la inyección de dinero público por parte del FROB". La fusión de Caixa Catalunya con Caixa Tarragona y Caixa Manresa, en mayo del 2010, supuso ayudas concretas del FROB por casi 3.000 millones, el 90% de los recursos propios, que años después fueron ampliadas hasta los 12.676 millones de euros.