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PROCESO JUDICIAL

El fiscal propone que Alemania investigue el 'dieselgate' español

El ministerio público sostiene la manipulación de los motores se "diseñó" en el país germano

Considera que la Audiencia Nacional no debe continuar con el proceso judicial por el fraude

J. G. Albalat

Fábrica del Grupo Volkswagen.

Fábrica del Grupo Volkswagen. / EFE/JULIAN STRATENSCHULTE

Primero fue la Fiscalía de Braunschweing, en el Estado alemán de Baja Sajonia, quien propuso que las investigaciones judiciales por el ‘dieselgate’ repartidas por el mundo, incluida la que lleva la Audiencia Nacional en España, se concentraran en Alemania en un único proceso. Ahora, es la fiscalía española la que se ha mostrado a favor para que el caso se instruya todo el país germano, sede de Volkswagen, donde las pesquisas están más avanzadas.

“La autoridad alemana se encuentra en mejor posición para investigar los hechos”, señala el fiscal Marcelo de Azcárraga en un escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que instruye el asunto, y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La investigación en España se inició tras estallar el escándalo, en el 2015, y a raíz de las querellas presentadas por dos asociaciones. En ellas, se denunciaba la instalación ilegal del un programa informático manipulado en miles de vehículos para cambiar los resultados de los contactos técnicos de emisiones contaminantes.

Las sospechas al inicio de la investigación judicial eran que la emisión de gases contaminantes emitidos estaría por encimas de los límites permitidos (podrían superar en 40 veces del máximo), lo que les inhabilitaría para circular a los turismo afectados y con el consecuente perjuicio para sus propietarios. Es decir, expone el fiscal en su escrito, las emisiones lanzadas podrían haber causado "daños sustanciales" a la calidad del aire.

Información internacional

Durante la tramitación de la causa se han practicado varias diligencias para comprobar la manipulación del programa informático, así como si la misma provoca una "alternación significativa" de las prestaciones a los vehículos afectados y a la identificación de elementos que permitieran la imputación, según detalla el fiscal, de personal de Seat, Volkswagen-Audi España y Volkswagen Navarra. Para ello, el juzgado ha recabado información de las autoridades francesas sobre un dictamen pericial sobre una válvula (EGR, recirculación de gases de escape), así como del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnlogícas (Ciemat) y de las autoridades de Estados Unidos, que le han remitido las condenas dictadas en ese país.

Sin embargo, el juzgado ha tropezado con las autoridades alemanas. El pasado mes de enero, la Fiscalía de Braunschweig informó a la Audiencia Nacional que era imposible cumplimentar las solicitudes de cooperación internacional cursadas desde España, a la vez que detallaba que ellos ya estaban investigando a personal de la empresa alemana y que la documentación incautada era “muy cuantiosa” y no estaba todavía analizada. Su informe detallaba que en una reunión en la sede de Eurojust (organismo europeo de cooperación judicial), la delegación alemana ofreció asumir la competencia de todos los casos, incluidos los españoles.

Riesgo a evitar

La fiscalía española entregó a finales de septiembre un informe en la Audiencia Nacional en el que considera que “las autoridades alemanas se encuentran en una mejor situación para la instrucción y enjuiciamiento" de la causa, con vitas a evitar el reisgo de vulneración del principio llamado “ne bis in idem” (nadie puede ser procesado, ni sancionado o condenado más de una vez por un mismo hecho). Así, apuesta a que la justicia germana “asuma” la finalización de la investigación y “la decisión de qué personas van a ser finalmente llevadas a juicio” por el ‘dieselgate’.

El fiscal de la Audiencia Nacional detalla que en Alemania se han practicado incluso registros en las sedes de la compañía automovilística, hasta el punto de que, conforme se ha comunicado desde ese país, su investigación incluye los vehículos comercializados en España. Las pesquiasa alemanas han permitido, además, concretar los responsables de la Volkswagen en la sede de la empresa en Wolfburg que tomaron la decisión “delictiva” y  han determinado que no consta que otros empleados, vendedores o importadores conocieran la manipulación del programa informático.

La Fiscalía de Braunschweing  ha logrado, según el fiscal español, la condena de la mercantil Volskwagen AG, la matriz alemana del grupo, como “persona jurídica, lo que cerraría la posibilidad de su imputación en España”. La documentación remitida desde Estados Unidos a la Audiencia Nacional también permite “apuntalar”, incide el ministerio público español, la idea de que tanto el “diseño estratégico” como la “ejecución material” de la manipulación se desarrolló en Alemania. En cambio, las indagaciones efectuadas en España “no han permitido concretar la intervención de persona física alguna que, desarrollando su actividad en España, fuera consciente de la manipulación”. Por todo ello, el fiscal pide al juez quer remita a Alemania la investigación sobre el ‘dieselgat’ español.

11 millones de vehículos afectados

En septiembre del 2015 salió a la luz que Volkswagen había manipulado este programa en 11 millones de automóviles con motor diesel vendidos entre el 2009 y el 2015. Como resultado de este trucaje, sus motores habían podido sortear con éxito los estándares de las agencias de protección ambiental, a pesar de que los vehículos implicados emitían hasta 40 veces el límite legal de oxígeno de nitrógeno. El caso salpicó a la cúpula de la compañía. Martin Winterkornque era su director ejecutivo, tuvo que pedir perdón a los millones de clientes perjudicados y se vio obligado a dejar su cargo, tras ocho años de estar al frente de la empresa.

En España, el Juzgado Central número dos de la Audiencia Nacional abrió entonces una investigación a raíz de varias denuncias presentadas por el presunto fraude. Al cabo de unos meses, el juez  imputó a la matriz alemana del grupo Volkswagen (Volkswagen AG, con sede en Wolfsburg)  por la venta de 683.000 vehículos con motores trucados que emitían más gases de lo permitido. En un princpio se apuntó que podría haberse cometido una "defraudación" que había causado perjuicio a una "generalidad" de personas, aunque también se ha investigado la posible comisión de un delito continuado de falsedad documental dada la plasmación de datos técnicos falsos en los documentos oficiales.